Justicia busca datos de 51 obras sociales

Hugo Moyano

La Justicia requirió informes a los sindicatos acerca del destino que le dieron a un subsidio estatal por casi 48 millones de pesos. Lo hizo en una causa en la que se investiga a 51 obras sociales por un presunto uso irregular y la falta de rendición de esos recursos. Entre las organizaciones gremiales bajo la lupa están las de camioneros, de Hugo Moyano, metalúrgicos, comercio, mecánicos, gastronómicos, taxistas y peones rurales.

El juez federal Ariel Lijo envió en diciembre oficios a los presidentes de las obras sociales para exigirles toda la documentación relacionada con el uso que les dieron a las partidas que entregó en 2007 la Superintendencia de Salud, entonces a cargo de Héctor Capaccioli, para supuestos planes de prevención sanitaria.

El magistrado se quedó con el expediente en mayo pasado, luego de haber sostenido una pulseada con su par Norberto Oyarbide. Este magistrado instruye una causa por una denuncia posterior, y en la que llegó a procesar al exsuperintendente de Servicios de Salud Capaccioli. La Cámara Federal, sin embargo, revocó esa medida por entender que el exfuncionario no cometió un delito al firmar la distribución de los subsidios.

Oficio

En el caso de Lijo, su investigación está centrada en el uso que dieron las obras sociales a los montos entregados. El magistrado envió un oficio para que en el término de diez días los líderes de cada organización «hagan llegar al tribunal fotocopias de la totalidad de las constancias (facturas, remitos, etc.) vinculadas con las erogaciones formuladas a raíz del subsidio otorgado por la Resolución 806/07 de la Superintendencia de Servicios de Salud (para la implementación y promoción de los planes de prevención, con la finalidad de la detección temprana de los factores de riesgo de enfermedades prevalentes)».

Entre los gremios involucrados en la denuncia figuran, además de los camioneros, los metalúrgicos (UOM), mecánicos (SMATA), rurales (UATRE), comercio (Faecys), gastronómicos (Uthgra), docentes, estatales de UPCN, sanidad (ATSA), alimentación (STIA), espectáculos públicos (Sutep), petroleros, textiles (AOT), trabajadores de la carne, Luz y Fuerza, taxistas, calzado, árbitros, Obras Sanitarias, personal del gas y técnicos aeronáuticos.

En la causa, iniciada en 2009 y caratulada «Paniagua, Miguel Ángel, sobre defraudación», Lijo sospecha que hubo gremios que podrían haber desviado los recursos a otros fines que los establecidos en la resolución, en tanto que otros habrían evitado las rendiciones de cuentas correspondientes.

El juez hasta ahora recopiló la documentación de la Superintendencia en la que constan los planes preventivos que debían llevar adelante las obras sociales sindicales, con lo que ahora buscará compararla con la que aporten los gremios.

Sospechas

Este expediente, aunque avanzó en silencio, es uno de los que más preocupa a los sindicalistas y alimentó las sospechas de que el poder político motorizó una supuesta avanzada judicial en su contra luego de la ruptura de relaciones con Moyano.

Mientras Oyarbide llevó adelante en paralelo el otro expediente, que arrancó en 2010, llegó a detener a Gerónimo Venegas, titular del gremio de peones rurales, al sospechar que había desviado parte de los subsidios que percibió su obra social. El dirigente recuperó su libertad luego de 36 horas y tras una movilización de afiliados que generó manifestaciones en distintos puntos del país y que obtuvo la solidaridad de buena parte de los sindicatos agrupados en la CGT.