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Justicia frena licitación de cuentas sueldo de banco estatal
Federico Sturzenegger
El jefe porteño presentó el llamado a licitación justo cuando en el Congreso se despachó el proyecto para quitarle a la entidad crediticia los depósitos que provienen de la Justicia y que significan el 30% de los fondos del Ciudad. Por eso, los empleados del banco, que preside Federico Sturzenegger, hicieron un paro de actividades en contra del proyecto de ley kirchnerista y le sumaron a sus reclamos, la semana pasada, la protesta contra la privatización de las cuentas y la presentación de un amparo judicial contra la licitación.
Mientras los depósitos judiciales suman más de $ 6.000 millones, las 124 mil cuentas de salarios superan los $ 8.000 millones. Por ese manejo, el Banco Ciudad de Buenos Aires gira unos $ 19 millones al año a la administración porteña. La idea, según los pliegos, en realidad escondía la picardía de permitir que el Ciudad supere cualquier oferta de privados para provocar que el Gobierno reciba más dinero en concepto de otorgarle el servicio a la entidad estatal.
Sin embargo, la jueza Elena Liberatori decidió hacer lugar al amparo que presentaron delegados gremiales, suspendiendo así el proceso que tenía previsto realizarse el próximo 18 de julio. Los empleados fundaron la petición en la letra de la Constitución porteña que sostiene que la entidad es «banco oficial de la Ciudad, su agente financiero e instrumento de política crediticia, para lo cual tiene plena autonomía de gestión» y en la carta orgánica del banco que sostiene que «los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a todos sus Poderes, dependencias y reparticiones autárquicas deben ser depositados en el banco, al igual que las sumas de dinero o valores entregados en garantía a favor de los mismos».
Para la magistrada, los pliegos contenían fines recaudatorios.
Como sea, la idea de aumentar el giro del Ciudad al Gobierno porteño, también podría ser cuestionado por los bancos privados que quisieran acceder al manejo del servicio, ya que son varias las cláusulas que le estarían dando privilegio a la entidad estatal que pago el 0,2% sobre los fondos que le son depositados en concepto de contratos y sueldos de la administración.

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