Justicia insiste en pedir datos sobre gremialista

La Justicia pidió al Ejército datos sobre la presunta pertenencia del sindicalista Gerardo Martínez en la estructura del Batallón 601 de Inteligencia como personal civil, durante el último Gobierno militar. El juez federal Ariel Lijo, que tomó semanas atrás el expediente que había recibido por sorteo su colega Sergio Torres, elevó a la fuerza una requisitoria del legajo, en caso de existir,

del actual jefe del gremio de la construcción (UOCRA) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.

La causa había arrancado en julio a instancias de una denuncia de organismos de derechos humanos y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), un gremio con reconocimiento parcial del Gobierno y opuesto a la UOCRA. El expediente arrancó en el juzgado de Torres pero fue absorbido por Lijo por conexidad con la causa previa que lleva adelante, con la carátula «Batallón 601 de Inteligencia, sobre delito de acción pública».

Desmentida

En la causa de Lijo, el fiscal Jorge Di Lello ya le había pedido al Ejército legajos de más de 3.000 personas mencionadas en las listas desclasificadas por el Gobierno de posibles miembros civiles del batallón, que durante los años más sangrientos de la dictadura regenteaba Guillermo Suárez Mason. El juez, que le había cedido al fiscal el impulso del expediente, reservó para sí las medidas vinculadas con Martínez una vez que absorbió la nueva denuncia.

En una presentación judicial que hizo poco después de conocerse la denuncia, el sindicalista negó su participación en el Batallón 601 y dijo estar a disposición de la Justicia para cualquier colaboración, en particular referida a la denuncia hecha por el Sitraic respecto de la desaparición de 105 albañiles durante el Gobierno militar.

El magistrado quiere determinar primero si el Martínez mencionado en la lista que desclasificó el Archivo de la Memoria es el propio sindicalista, y en ese caso establecer qué tipo de tareas desarrolló a las órdenes del Batallón. En Tribunales explicaron que el personal civil era dividido en tres segmentos: los profesionales, los de maestranza y labores sin calificación, y por último aquellos que presuntamente colaboraban con los grupos de tareas.

Los investigadores aclararon que la mera inclusión en el listado no representa delito alguno. De todos modos, un fallo previo de Lijo estableció que en el Batallón 601 operó una «asociación ilícita», por lo que la eventual determinación de tareas en ese ámbito podría complicar la situación judicial del dirigente.