Justicia porteña ahora aconseja salida de ministro

Cristian Ritondo

Una jueza porteña indicó ayer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que destituya al ministro de Salud, Jorge Lemus. La resolución que llegó al despacho del titular de la Comisión de Salud, Jorge Selser (Proyecto Sur, Pino Solanas) la dictó la jueza Elena Liberatori en una causa por obras de infraestructura que no fueron concluidas en el hospital Infanto Juvenil Tobar García de la Capital Federal y sintoniza con otro fallo contra el ministro que la semana pasada emitió el polémico juez Roberto Gallardo. En ese caso se aludió a que el ministerio no cumplió con disponer durante las 24 horas una ambulancia en una villa de emergencia del barrio de Barracas. A Lemus, además, Gallardo le embargó el sueldo, medida que suele tomar ese magistrado contra los funcionarios. El Gobierno porteño apeló la decisión.

Lemus viene siendo cuestionado por los legisladores de la oposición al PRO, al punto que la semana pasada concurrió a la Legislatura ante la comisión de su área donde permaneció contestando preguntas por más de cinco horas, y pareció conformar a los diputados.

La causa que lleva Liberatori la inició la asociación de profesionales del hospital y también intervino el asesor de menores Gustavo Moreno.

Selser en su momento se había sumado a la denuncia sobre el incumplimiento en la conclusión de las obras que cuentan con un crédito especial para su realización. Liberatori, tras mantener una audiencia, el viernes pasado, donde el asesor titular pidió sanciones para los funcionarios que serían responsables de la situación, terminó ordenando la destitución del ministro.

La jueza del fuero Contencioso Administrativo dijo que encuentra «los motivos suficientes» para que la Legislatura «proceda a la destitución del ministro de Salud, Jorge Lemus, por incurrir en la causal de mal desempeño en relación a las obligaciones a su cargo».

El presidente del bloque PRO en la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, consideró que «lo que más extraña es que la jueza solicite a la Legislatura su directa destitución» en lugar de obrar «con las herramientas legales que ella tiene en su mano» y consideró que «esto es sobredimensionar y sobreactuar sobre una situación que puede arreglarse de manera muy simple sin tener que movilizar a todos los poderes», propuso.