Néstor Kirchner desembarcará, hoy, en San Nicolás. Lo hará en medio de la agitación que esa ciudad, que Julio De Vido definió como capital de la metalurgia, palpita por la tensión entre el grupo Techint, que explota Siderar, y el Gobierno de los Kirchner.
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El patagónico llega con agenda partidaria: en un club, encabezará un plenario con dirigentes y cuadros del PJ de la Segunda Sección. Pero, en medio de los cruces y tensiones con Techint, se esperan algunas definiciones por parte del ex presidente.
Es un conflicto que se arrastra desde 2007, pero que se agravó en las últimas semanas cuando la Casa Rosada y Techint pulsearon por la ubicación de un director del Estado en Siderar y que tomó intensidad cuando De Vido habló, de manera sugerente, de «inversiones del Estado» en la firma.
En rigor, ese sacudón se remonta a diciembre pasado, cuando el holding anunció la suspensión de trabajos, lo que implicaba dejar a 2.500 personas desocupadas. Hubo una negociación y se acordó que no habría despidos, pero sí suspensiones temporales y rotativas.
La semana pasada, este diario detalló los dichos de De Vido respecto de la posible participación del Estado. «No habló de nacionalizar -se aclaró-, sólo de que el Estado tenga un rol activo y no mire de lejos cuando se produce algún tipo de conflicto».
¿Seguirá Kirchner, con tono de campaña, la línea discursiva que inició de Vido y suena amenazante para la empresa? Algo deberá decir: es imposible pisar San Nicolás y no hacer alguna referencia a Siderar.
Más allá de esa lógica, ayer se especulaba con que el ex presidente podría hacer alguna referencia al conflicto pero, sobre todo, una defensa de los reclamos que hacen los trabajadores respecto de un premio que deben recibir de la compañía por las utilidades de 2007/2008.
En San Nicolás, además del intendente local, Marcelo Carignani, Kirchner será recibido por José María Díaz Bancalari, diputado nacional y uno de los dirigentes del PJ alineado con Kirchner que, cuando estalló el conflicto con los empleados, deslizó la posibilidad de una intervención estatal.
«Tuvieron ganancias extraordinarias, inmensas, y cuando se produjo un parate, lo primero que hicieron fue expulsar gente. Eso no se puede permitir», repite, todavía, Díaz Bancalari, que menciona, además, la susceptibilidad de la ciudad ante los despidos, hecho que remite a la crisis por la privatización de la ex SOMISA.
En paralelo, un grupo de ex empleados que dejó la empresa antes de la privatización a través de un régimen de jubilación anticipada viene reclamando que se les dé un pago correspondiente a lo que, para los trabajadores activos, es el PPP.
