Kirchnerismo ya protege a Moyano también en el Senado

Una foto imposible hace dos años. Con gesto casi paternal, el kirchnerista santacruceño Nicolás Fernández saluda a Carlos Menem, aliado del Gobierno, ayer en el recinto del Senado.

Fracasó la oposición ayer en el Senado en un tema clave de la agenda que viene prometiendo desde hace un año: no pudo aprobar el dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que elevaba a la Justicia la investigación de las presuntas irregularidades en el manejo de subsidios y reintegros en la APE, la caja dilecta del sindicalismo que reparte entre las obras sociales para coberturas de alta complejidad. El dictamen de mayoría estaba basado en el informe que elaboró la Auditoría General de la Nación sobre la APE y que recién pudo comenzar a debatirse en el Congreso hace un año. Desde entonces, el kirchnerismo intentó frenarlo y ayer lo consiguió estrenando la mayoría que recompuso en el Senado. Probó así el oficialismo hasta dónde está dispuesto a defender a Hugo Moyano en cuestiones como ésta, ya que el manejo de los fondos que las obras sociales reciben del APE está en medio de todas las investigaciones.

De hecho, el camionero colocó a varios de sus hombres en la Gerencia General de la APE. El último de ellos, Daniel Colombo Russell, renunció el 4 de abril pasado, en medio del escándalo por el exhorto que llegó desde Suiza en la investigación por lavado que salpicó a Moyano.

En lugar del crítico informe de la Auditoría sobre la APE con la recomendación de elevarlo a todos los juzgados donde se tramiten causas que involucren a los protagonistas allí denunciados, Miguel Pichetto logró aprobar un dictamen de minoría que sólo eleva al Poder Ejecutivo el informe de la AGN, casi como un trámite formal.

Graves irregularidades

La diferencia es esencial y deja de lado toda acusación que podía complicar al sindicalismo. El informe ayer rechazado alertaba sobre la supuesta falsificación de troqueles de medicamentos para el cobro de reintegros y sobreprecios en la compra de vacunas.

Tal como adelantó este diario, allí se recomendaba «remitir copia de la resolución a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción a los fines de su toma de conocimiento y a los efectos que determinen sus respectivas competencias» y «remitir copia de la resolución a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a los fines de la toma de conocimiento de los juzgados donde tramiten causas relacionadas con dichas cuestiones».

Entre las irregularidades detectadas hay casos más que conocidos. Por ejemplo, los subsidios (luego se modificó la modalidad a reintegros) a seis obras sociales para financiar la compra de vacunas que se efectuó sobre la base de un valor unitario de $ 25 por cada monodosis, mientras que «el precio pagado por dichas vacunas para ser distribuidas al resto de las obras sociales fue de $ 12», un valor similar al que pagaron en 2004 las coberturas médicas privadas por la compra de las vacunas.

Más obstáculos

En la sesión de ayer ese dictamen fue rechazado por 33 votos sobre 28.

El radical Gerardo Morales abrió ayer el debate explicando que «hay tres puntos a considerar por este Senado: el primero es regularizar lo observado por AGN; el segundo, determinar perjuicio fiscal; y el tercero es deslindar y efectivizar las responsabilidades. La Justicia Federal ya está tratando varias denuncias, es necesario que se abra otra auditoría sobre el organismo», algo que parece difícil ya que Leandro Despouy, presidente de la AGN, sigue quejándose por la negativa de la APE a enviarle la documentación.