Es conveniente exaltar ese centenario porque el proceso que se completó el 22 de noviembre con la aplicación, por primera vez desde su sanción en 1994, del instituto del balotaje es un signo de madurez del sistema después del cataclismo institucional de 2001 que hizo estallar la tradición del bipartidismo.
Conviene también reflexionar sobre el proceso de debate del país desde 2013 que culminó con la cristalización de tres propuestas políticas que se ofrecieron al público en 2015.
En la construcción de las tres principales candidaturas que compitieron por la presidencia hubo una agenda común que el actual Gobierno tiene el compromiso de cumplir. No es una ironía decir que los programas eran más que parecidos y que sostuvieron la conveniencia de una convivencia pacífica, la aplicación de políticas de transparencia, una distribución más justa de la riqueza y también de los fondos públicos entre sectores y provincias, una apertura al mundo que superase el modelo de la autarquía que se impuso desde comienzos de la década pasada como respuesta a la necesidad de la recuperación de aquella depresión.
El signo común de ese sistema que las tres propuestas electorales coincidieron en ofrecerle al electorado era la emergencia y la excepción como método para gobernar. Esos recursos nacieron con la crisis de 2001 y lo extendieron las administraciones que siguieron a la Alianza de manera de acercarle al Poder Ejecutivo mecanismos de reacción rápida y superar restricciones legales que podían demorar la respuesta a los problemas que surgían de esa crisis.
Ese método de la excepción como recurso de gobierno lo aplicaron el Gobierno nacional y de la mayoría de las provincias, cuyos poderes legislativos llevaron a límites poco conocidos antes la delegación de facultades hacia los poderes ejecutivos.
Los regímenes de excepción, comprensibles -aunque no siempre justificables- por las urgencias de gobernar ante crisis sin muchos antecedentes, no son tampoco una creación argentina. Han sido una respuesta estándar de gobiernos de todo el mundo que los han desarrollado como manera de enfrentar crisis, también sin muchos antecedentes, como las que asolaron a los países desarrollados de Europa y América del Norte desde finales de la primera década del siglo XXI. Un repaso de la legislación vigente en muchos países del mundo revela que los gobiernos administran con regímenes de excepción que achican en poder de los legisladores, achican los mecanismos de debate y a veces reducen los márgenes de libertad para el debate, o la aplicación de controles sobre las medidas de Gobierno. El reproche siempre tiene la misma respuesta: es necesario el estado de excepción -con niveles a veces exagerados- porque lo exige el tamaño y la naturaleza de las crisis que enfrentan.
En la Argentina las normas de excepción parecen parte ya del sistema. Aunque el anterior Gobierno no se privó de dejarle al sucesor severas restricciones para la administración, sí le dejó vigente las medidas de emergencia, en el entendimiento de que los primeros pasos del nuevo Gobierno serían durísimos si esas medidas de excepciones se derogaban de un ejercicio a otro.
Esta situación enfrenta al Gobierno que da sus primeros pasos con la oportunidad de demostrar la capacidad de construcción de una gobernabilidad que sincere el hecho de que a un sistema sólido le sobra el régimen de excepción. Es cierto que la situación del nuevo Gobierno ante el Poder Legislativo es difícil porque la oposición ejerce la mayoría en el Senado y puede construir una primera minoría en Diputados. Pero en ese desafío es donde deberá dar examen la nueva administración.
La sociedad le ha delegado a una formación nueva, armada por sobre los retazos de partidos tradicionales y de sectores independientes, el Gobierno de los distritos más importantes del país. No se equivoca quien diga que las elecciones de 2015 han sido un éxito institucional para el conjunto del país porque revelan una solidez del sistema que no se había verificado en los últimos 15 años. Esa solidez debe tener como contrapartida la construcción de una gobernabilidad nueva, a la que deben aportar oficialismo y oposición, para que se despeje el demonio del régimen del excepción y se cumpla el programa, en el que coincidieron los principales candidatos presidenciales, de un país más abierto, más transparente, más seguro, que ofrezca a los ciudadanos un horizonte de confianza y previsibilidad que se da de patadas con una emergencia que ya pasó.
| * Director-Presidente |
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