La causa por el Indoamericano, en punto muerto

Sin un detenido, ni un sospechoso, ni una declaración indagatoria y ni siquiera el nombre confirmado de uno de los muertos, esta semana se cumplirá un mes de los tres asesinatos cometidos en las cercanías del Parque Indoamericano. Pese a tratarse de un caso que desencadenó que el Gobierno removiera la cúpula de la Policía Federal y reordenara el Gabinete para crear el Ministerio de Seguridad, el expediente judicial parece haber entrado en un embudo del que a los investigadores les será muy difícil salir con alguna sospecha firme que les permita identificar a los responsables de los crímenes.

Hasta el último día del año, la causa acumuló fojas con declaraciones testimoniales y resultados de pericias realizadas por la Gendarmería nacional, pero nada orientado a identificar a un sospechoso. En ninguna de las dos hipótesis: ni la del fiscal Sandro Abraldes, que apuntó la investigación a la presunta responsabilidad de policías en los crímenes, ni la del Gobierno nacional, que en un principio responsabilizó a Mauricio Macri y a Eduardo Duhalde por los incidentes que sucedieron a la toma del predio de Villa Soldati.

El nivel de estancamiento es tal que a 25 días del tercer crimen, para la Justicia todavía es un misterio la identidad del fallecido. Es el caso del hombre de nacionalidad boliviana identificado en primera instancia como Juan Castañeta Quispe, pero luego corregido por su viuda como Emilio Canaviri Álvarez. La confirmación de ese nombre llegará recién después de un largo trámite, que incluirá el envío del fiscal de los documentos del muerto a Interpol, la remisión de esos papeles a Bolivia y el retorno de la información a la Argentina.

Única indagatoria

Inclusive, la única indagatoria que tomó hasta ahora el juez de Instrucción Eliseo Otero, estuvo relacionada con una causa conexa, y el imputado terminó con una falta de mérito. Fue la presentación del presunto barra brava Julio Cappella, filmado mientras sostenía un arma y apuntaba durante los incidentes posteriores al primer desalojo del Indoamericano.

Los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña se produjeron el 7 de diciembre último, el día en que la Justicia ordenó el desalojo del predio a pedido de la Corporación Buenos Aires Sur, a cargo en ese momento del Indoamericano. Las autopsias revelaron que ambos habían fallecido a causa de disparos de perdigones. Pero, las pericias de Gendarmería no lograron establecer todavía si los proyectiles fueron disparados por armas policiales o «tumberas», y sólo determinó que se trataba de escopetas.

Sobre los dos primeros crímenes, las sospechas del fiscal apuntan a la labor de efectivos de las policías Federal o Metropolitana. De todo el personal que intervino del operativo, Abraldes ordenó secuestrar el armamento utilizado ese día. Sin embargo, el hecho de que sólo se hayan encontrado perdigones impedirá conocer con precisión de qué arma salieron los disparos mortales, según dijeron fuentes judiciales.

Es más: parte de las expectativas del fiscal estaban cifradas en el hallazgo de una bolsa o caja repleta de proyectiles que, de acuerdo con el relato de los ocupantes del predio y los vecinos de la villa 20, vecina del Indoamericano, fue recogida luego del desalojo. Sin embargo, Alejandro «Pitu» Salvatierra, uno de los referentes de la ocupación, negó primero ante la Justicia tener consigo la bolsa que otros testigos le adjudicaron. Días después, terminó por aportar unos pocos proyectiles y vainas servidas, diferentes de la descripción que le habían relatado al fiscal.

En cuanto al tercer homicidio, el manto de misterio es incluso mayor. El asesinato se produjo el 9 de diciembre, y la víctima fue identificada como Castañeta Quispe en función del documento que se halló junto al cadáver. Poco después, la viuda se presentó ante la Justicia para declarar que su marido en realidad se llamaba Emilio Canaviri Alvarez, y que tenía consigo un documento que había encontrado en la calle.

La viuda, Elizabeth Ovidio Balderrama, dijo no tener «ninguna noticia sobre la investigación» y que el único contacto oficial que tuvo hasta ahora fue «de parte de gente del Gobierno nacional», que se acercó para ofrecerle «un subsidio por única vez por tres meses». «Eso no me sirve para nada», se quejó ante este diario la mujer, que llegó de Bolivia a la Argentina junto con su marido en 2006, y en el país tuvieron dos hijas.

Dudas

La mujer le llevará hoy a las 11 al fiscal Abraldes la libreta boliviana del servicio militar de su marido, que será girada a ese país para la confirmación de la identidad.

A partir de las dudas que subsisten sobre la identidad, la viuda no logró todavía constituirse en querellante en la causa judicial. Su abogada, María del Carmen Verdú (de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi), puso en duda la voluntad del juez en avanzar hacia la línea que responsabiliza al personal uniformado.

«Apenas me vio, el juez Otero, que me conoce de antes, me preguntó qué hacía allí si la Policía no tenía nada que ver y acá no hay ningún policía para meter preso», contó la letrada.