La causa más caliente que incomoda al poder

Alberto Nisman.

 La muerte del fiscal Alberto Nisman no fue cualquier muerte. Por sus características pero, fundamentalmente, por el contexto en el que se produjo, se transformó en el hecho político más conmocionante de un año clave para el destino de la Argentina.

Al cumplirse el primer aniversario, la sociedad argentina aún no tiene respuesta al interrogante que todos nos formulamos desde aquel infausto 18 de enero de 2015: ¿Nisman se suicidó o lo mataron? Y lo que es aún más inquietante: la investigación judicial que debió haber arrojado alguna certeza sobre el hecho, se ha transformado en una gran duda en sí mismo. Debido a la impericia de los investigadores, o por el accionar de aquellos que pretendieron embarrar la cancha para sacar provecho, o por ambos factores, todo quedó teñido de una peligrosa suspicacia. La sociedad ya no confía en el proceso y sea cual fuere el resultado de la instrucción judicial -antes en manos de la fiscal Viviana Fein, ahora llevada adelante por la jueza Fabiana Palmaghini- el nivel de saturación es tal, que la credibilidad en el resultado se hace dificultosa.

El nuevo Gobierno no hizo aún mucho por colaborar con la causa. Luego de mirar con buenos ojos el desplazamiento de la fiscal dispuesto por la jueza, la semana pasada, decidió relevar de la obligación de guardar secreto a agentes, exagentes, funcionarios, ex- funcionarios de Inteligencia que hayan accedido al conocimiento de información clasificada relacionada con la muerte de Nisman. Algo que viene en sintonía con la nueva declaración ante la Justicia que hará el exjefe de Contrainteligencia de la SIDE Antonio "Jaime" Stiuso cuando regrese de su autoimpuesto "exilio" vaya a saber en qué parte del planeta.

Al macrismo no le gusta el tema. Al presidente Mauricio Macri se lo percibe incómodo con todo lo que remita a cuestiones ligadas al espionaje y al manejo de los servicios de inteligencia estatales. Sabe perfectamente que ése es un campo minado y no quiere provocar ningún estallido que desestabilice su gestión.

La actual ministra de Seguridad fue, en su momento, una de las más fervientes impulsoras de los movimientos que reclamaban celeridad y eficiencia en la investigación. Sería lógico suponer que ahora, con todos los resortes investigativos del Estado bajo su control, logre responder los interrogantes que ella misma se formulaba cuando estaba del otro lado del mostrador.

Es obvio que la desconfianza que todo este proceso genera, se traslada al ámbito económico. La economía se basa en la confianza y en las expectativas. Un sistema otorga credibilidad y previsibilidad a la sociedad cuando no pasan cosas como éstas.

Nadie invierte en un país en el que un fiscal acusa de encubrimiento a una presidenta en funciones, cinco días después aparece muerto en circunstancias poco claras y al cabo de un par de meses la propia Justicia desestima la denuncia por su inconsistencia. Todo esto enmarcado en una campaña de descrédito contra el representante del ministerio público a causa de su vida licenciosa y farandulesca, motorizada por los partidarios del propio Gobierno acusado.

Tampoco conduce a un sendero de esclarecimiento que la estrategia del nuevo Gobierno se centre en reorientar todos los resortes investigativos del Estado en reavivar la hipótesis de un homicidio cuyas pruebas no emergieron con contundencia durante la primera parte de la instrucción de la causa, en manos de la fiscal Fein. Y mucho menos que -como coinciden algunos analistas políticos y admiten fuentes oficiales- el objetivo de esta estrategia sea direccionar la investigación hacia la mismísima ex presidenta de la Nación.

El respeto por las instituciones es una bandera muy importante en la vida democrática que ha sido esgrimida por los referentes de todas las fuerzas políticas. Pero para que la sociedad crea y respete esa declamada institucionalidad, es imprescindible que los representantes del Estado no destruyan los cimientos de esa confianza con un accionar imperfecto e irregular.