La clave: patas fiscal y monetaria deben ser creíbles

Juan Luis Bour

En ausencia -por el momento- de un programa ambicioso fiscal y monetario que permita reducir la tasa de inflación, las fichas de la nueva gestión apuntan a lograr algún acuerdo o concertación de salarios y seguramente de precios para 2014 para al menos estabilizar la inflación en torno al 25%. Como es habitual en la amplia experiencia argentina, las "concertaciones" son vinculantes sólo en la medida en que las patas fiscal y monetaria resulten creíbles. De otra forma, son meras imposiciones que -en el mejor de los casos- deben ser revisadas al cabo de unos pocos meses, tal como ocurrió con el congelamiento en supermercados de sólo tres meses entre febrero y abril de 2013, y que tuvo que ser emparchado con congelamientos más limitados hasta las elecciones de octubre.

La idea de desindexar los salarios (tratar de ajustar a lo sumo con inflación pasada o menos) choca como siempre con el problema de querer reducir la tasa de ajuste salarial justo en el momento en que la inflación se acelera. A menos que se logre frenar rápidamente los precios, los salarios reales caerán, o simplemente la concertación no será viable (cambia el programa económico). Por ello estos "acuerdos" se anuncian junto con "acuerdos de precios" que tratan de frenar (ya no desacelerar) los precios. Pero las cosas pueden ser bastante complejas para ese freno el año próximo, y en las condiciones actuales sólo cabe prever una aceleración de ajustes de precios y salarios.

Ello es así porque, en primer lugar, luego de sucesivos congelamientos en 2013 es probable que un nuevo congelamiento requiera de algún período previo que permita constituir "colchones de precios". Ello por supuesto aceleraría la tasa de inflación por algún tiempo, un objetivo contrario al buscado, al establecer la percepción de una inflación más alta que la real (necesaria para crear el "colchón"). En segundo lugar, a esto se le agrega la aceleración en la tasa de devaluación, que difícilmente pueda frenarse en forma sustancial en los próximos 12 meses, y que necesariamente tendrá un impacto de traslado a precios. Mientras en noviembre del año pasado la tasa anual de devaluación se ubicaba en el 12,3%, este año es del 25,2% y para diciembre estará cerca del 27% (promedio mensual frente a igual mes del año previo). Dado el contexto macro, no parece razonable esperar tasas de devaluación por debajo del 30% anual para los próximos meses, por lo que los precios de los transables, así como los de muchos servicios privados, no van a acompañar el objetivo de desacelerar.

En tercer lugar, el cierre sistemático de la economía no es en sí un factor de inflación (aunque la macroeconomía asociada es típicamente inflacionaria), pero facilita saltos de precios que en el corto plazo equivalen a una mayor inflación. La contribución de este factor puede ser importante en 2014, sobre todo si las restricciones sobre bienes de consumo se transforman en prohibiciones: los productores locales estarán fascinados (y darán mayores aumentos salariales) y los contrabandistas, también.

Como el problema fiscal es grave, el Estado aumentará impuestos que en general serán trasladados a los consumidores: es el caso del aumento de los impuestos internos sobre bienes suntuarios. Pero, además, es probable que se ajusten las tarifas de servicios públicos de electricidad, agua y transporte generando un factor de ajuste de aquí en más (es decir, todos los años por varios años) por sobre la evolución de la inflación.

Finalmente, lo primero. La estrategia antiinflacionaria de la gestión no parece reparar en una disminución significativa del desequilibrio fiscal financiado con emisión y pérdida de activos (reservas y fondos de pensión), y, por el contrario, promete una expansión de la inversión púbica que -precisamente- implicará una mayor presión de demanda en el corto plazo, un aumento del desequilibrio fiscal y mayor financiamiento monetario del déficit. Así las cosas, no es claro el nivel medio de inflación al que se puede llegar en 2014, pero estimamos un incremento del orden de 4 puntos porcentuales en promedio anual respecto de 2013.

La economía probablemente ayude creciendo muy poco: los excesos de demanda serán más débiles y ello quitará algo de presión sobre los precios, pero hay que recordar que la inflación es un fenómeno monetario y aun si sobreviene una contracción del PBI podemos tener una aceleración de la inflación. El mercado laboral también puede ayudar a una menor presión inflacionaria con un salto del desempleo. En efecto, aun cuando actualmente (según INDEC) la tasa de actividad se está desplomando en GBA y, por lo tanto, el desempleo no crece -a pesar de que cayó un 1,5% anual el empleo-, las cosas podrían cambiar. Cuando la economía entra en receso, la PEA aumenta fuertemente -el propio INDEC reconoce un aumento de medio punto en la tasa de actividad de GBA en la recesión de 2009-, y por lo tanto, el desempleo podría saltar aún más fuertemente.

Con un nivel de actividad y empleo que se desacelera y las presiones inflacionarias expuestas, un escenario de paritarias que cierre con aumentos salariales promedio anual entre el 25,5% y el 27% dará lugar a salarios reales estables o cayendo débilmente por primera vez en una década, a tono con la llegada del "ajuste". Si la debilidad de la economía -o la ambición del planificador- fuerza paritarias por debajo del 25%, se tendrá una caída apreciable de salarios reales en un contexto de tensión creciente en el mercado de trabajo. Finalmente, con paritarias cerrando en niveles por sobre el 30% anual se instalaría una "nominalidad" cercana a la expectativa de devaluación, acelerándose el proceso inflacionario, en camino a una severa contracción. Naturalmente, la mejor solución va más allá de un escenario de "concertación", pero ello no parece estar disponible.