Freire y sus vecinos presentaron denuncias a casi una docena de agencias estatales buscando frenar aquellas transferencias. Y, sin embargo, el dinero siguió llegando.
En 2008, el consejo recibió el equivalente a casi 1 millón de dólares, o unos 4.000 dólares por residente. "He ido hasta el Ministerio y siempre nos terminaban diciendo 'vamos a mandar algunas recomendaciones'", dijo Freire, de 57 años. "Es que nunca nos dieron respuesta de nada".
El gasto no supervisado en El Chaparral es sintomático del escaso control financiero en los vastos esfuerzos del Gobierno por ayudar a las comunidades más pobres de Venezuela.
Una red de más de 70.000 grupos comunitarios ha recibido desde 2006 el equivalente a por lo menos 7.900 millones de dólares de la agencia federal que financia gran parte del programa, según cálculos de los medios basados en los informes oficiales del Gobierno.
El programa "Estado Comunal" destina el dinero a las comunidades, principalmente a través de un equipo llamado el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales o Safonacc. Pero exactamente cuánto dinero pasa a través de este sistema, quién lo recibe y cómo se utiliza es un gran misterio.
El programa de reparto de ingresos a las comunidades fue promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez. El carismático militar de izquierda quería que pequeños grupos de vecinos formaran "comunas" que definirían la vida de una democracia socialista.
En uno de sus últimos discursos antes de morir de cáncer en 2013, Chávez pidió a su sucesor, Nicolás Maduro, seguir con el plan. "Te encomiendo esto como te encomendaría mi vida", le dijo a Maduro.
De estas organizaciones las más habituales son los consejos comunales, unos 40.000 según un estudio publicado en 2013 por el Ministerio para las Comunas.
Maduro ha enfrentado tres meses de violentas protestas opositoras que dejaron 41 muertos desde febrero, según cifras oficiales. A pesar de que los manifestantes claman por su renuncia, él no muestra signos de una posible renuncia y se ha aferrado al programa estrella de Chávez: el Estado comunal.
El presidente defiende las comunas como el esfuerzo de Chávez para reducir la desigualdad a través de los millonarios ingresos petroleros de la nación. Y a pesar de lo sucedido en El Chaparral, muchas comunidades fundaron con éxito centros comunitarios, repararon rutas y pusieron en marcha pequeñas empresas.
"Sin comunas se acabaría todo", dijo Maduro. "La comuna es el epicentro para la vida humana en solidaridad, para la vida verdaderamente humana, para la vida en socialismo".
Pero el Gobierno venezolano no publica una contabilidad oficial de cómo se gastan los fondos de apoyo comunitario.
Con todo, algunos funcionarios del Gobierno alertaron sobre el gasto. En su informe de 2011, la Contraloría General de la República identificó problemas de gestión por parte del programa, conocido como Safonacc. El informe concluía que la entidad carecía de un sistema centralizado para rastrear los gastos y dar seguimiento a los proyectos. La oficina del contralor sostuvo que no lleva la cuenta de las transferencias totales a las comunidades; sólo controla las finanzas de los consejos comunales que audita.
Los políticos opositores aseguran que el Gobierno está usando el sistema para financiar a sus simpatizantes esquivando a alcaldes de la oposición. Y han señalado que el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) -que usa recursos del Estado para ayudar a las regiones pobres a desarrollarse a la par de las más ricas- lleva tres años dando más dinero a grupos comunitarios que a los 337 municipios del país.
El FCI aporta fondos para el Safonacc y también financia directamente a grupos comunitarios. Según el presupuesto de este año, destinó el equivalente a 1.380 millones de dólares a los grupos comunitarios y el equivalente a 1.290 millones de dólares a los municipios.
"El esquema del estado comunal carece de los controles fiscales que rigen para los estados y los municipios. No hay cómo garantizar la adecuada ejecución de los recursos", dijo José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
"Hay una marcada tendencia de usar estas instancias para reducir los recursos disponibles para políticos opositores, lo cual violenta principios constitucionales", agregó.
Por décadas, Chávez soñó con conformar una red nacional de grupos comunitarios autónomos, una visión trazada en los planes de una sociedad revolucionaria que él y sus compañeros buscaban crear a través de un golpe de Estado en 1992.
"La democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación", escribió Chávez a principios de 1990 en una serie de textos que llaman a la creación de una "utopía concreta".
El golpe de 1992 fracasó, pero lanzó al estrellato a Chávez, quien finalmente llegó a la presidencia en 1999. El boom de los precios del petróleo de la década siguiente lo ayudó a financiar el generoso gasto que le granjeó un enorme apoyo electoral a su "revolución socialista". Durante sus 14 años en el poder la pobreza en Venezuela se redujo casi a la mitad: desde un 48,7% hasta el 25,4% de la población en 2012, según el Banco Mundial.
El ingreso petrolero es el pilar de la economía venezolana y un elemento clave del presupuesto nacional. La petrolera estatal PDVSA pagó el año pasado cerca de 44.000 millones de dólares en impuestos, gasto social y contribuciones al fondo de desarrollo nacional conocido como Fonden, según cifras preliminares del Ministerio de Petróleo.
Algunas comunidades parecen invertir el dinero como estaba previsto. En José Félix Ribas, una comuna que comprende 24 consejos comunales del barrio pobre de Antímano, en el suroeste de Caracas, los vecinos transformaron un terreno repleto de automóviles abandonados.
Ahora es un centro comunitario de tres pisos con cibercafé, un taller textil con una moderna máquina de bordar y un centro de estudios para los niños del barrio.
"Viste que sí se puede", dice Aura Aguilera, de 34 años, quien trabaja a tiempo completo en el desarrollo comunitario. Desde 2006, ella ha ayudado a administrar el equivalente a unos 150.000 dólares para construir el negocio textil.
Igualmente, las autoridades hicieron algunos esfuerzos para combatir el derroche y el fraude. La Fiscalía General dijo en 2011 que estaba investigando a cerca de 1.500 personas por abusar de los recursos aportados a consejos comunales.
| Agencia Reuters |
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