El presidente del Gobierno se habría beneficiado con dinero negro, según las últimas revelaciones del caso “Gúrtel”.
Madrid - El desafío independentista en Cataluña lleva meses acaparando la información en España. Pero la incipiente vuelta a la normalidad permitió mirar otra vez hacia el otro tema que centraba este año la agenda política del país: los escándalos de corrupción que sacuden, entre otros, al Gobierno de Mariano Rajoy.
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El periodista Enric Juliana comparó ayer la crisis soberanista con "un espeso cortinaje" que tapó otros asuntos todo este tiempo. "Cataluña engullió la actualidad política en España", definió en el diario La Vanguardia de Barcelona, donde citó un ejemplo especialmente llamativo: "La lenta y constante evolución del caso Gürtel".
Se trata del escándalo de corrupción con mayor envergadura y repercusión de las últimas décadas en España. Hasta el estallido de la crisis catalana era también uno de los peores dolores de cabeza para Rajoy y su Partido Popular (PP), en torno al cual gira la trama de financiación ilegal del partido y concesiones de obra pública a dedo.
El propio presidente del Gobierno español protagonizó el último giro que dio el escándalo: el responsable policial del caso "Gürtel" reconoció el martes la existencia de anotaciones que apuntan a que "indiciariamente" dirigentes del PP cobraron de una "caja B" del partido, entre ellos el ahora titular del Ejecutivo.
El extesorero del PP Luis Bárcenas ya había abierto una de las ramas más delicadas del caso "Gürtel" al denunciar la existencia de una "caja paralela" en el partido durante 20 años y acusar a algunos de sus dirigentes de recibir pagos en negro, incluido Rajoy. Pero que un responsable policial lo tomara como indicio volvió a poner en problemas al oficialismo.
"Lo que va a hacer el Gobierno es esperar a la sentencia y a partir de ahí tomar las soluciones que correspondan", respondió ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a una pregunta sobre el escándalo presentada por el partido izquierdista Podemos en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
El caso "Gürtel" vivió ya otro hito el 24 de octubre, cuando la Fiscalía Anticorrupción afirmó que el juicio a 37 acusados por los primeros años de la trama (1999-2005) dejó "plena y abrumadoramente" acreditada la existencia de la "caja B" en el PP: otra conclusión que pone en aprietos a la formación conservadora y a Rajoy.
La noticia volvió a quedar en parte eclipsada por la tensión en la semana clave para el conflicto en Cataluña: el 27 de octubre, el Parlamento regional culminó el plan soberanista aprobando la creación de una república independiente y el Gobierno de Rajoy respondió interviniendo la autonomía de la región.
La coincidencia de la crisis en Cataluña y los avances judiciales contra la corrupción generó una doble lectura en el país. Por un lado, diversos sondeos muestran que los escándalos en el PP dañaron la imagen de España en la región autonómica y sirvieron de argumento al secesionismo.
Por otro lado, sin embargo, el hecho de que la Justicia avance precisamente contra el partido del Gobierno cuestiona la imagen de una nación "dictatorial" y de una Justicia "politizada" que el independentismo catalán quiere vender en el exterior debido a la acción judicial contra el plan soberanista.
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