La Corte a judiciales: que cobren en donde quieran

Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema de Justicia tomó distancia ayer de la polémica sobre si los empleados del Poder Judicial deben continuar cobrando sus haberes en el Banco Ciudad o, como pretende el kirchnerismo, deben comenzar a hacerlo en el Banco Nación. Mediante una comunicación publicada en su portal oficial, el Centro de Información Judicial (CIJ), el tribunal supremo señaló que los ministros, los funcionarios y los empleados de éste pueden elegir entre los dos bancos para tener sus cuentas sueldo.

El mensaje, que no hace más que recordar una normativa ya vigente, se enmarca en la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires -y sus respectivas entidades bancarias- por el destino de las 14.000 cuentas sueldo correspondientes a jueces, funcionarios, miembros del Consejo de la Magistratura y empleados judiciales. La diputada kirchnerista Diana Conti y el representante del Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, han presentado propuestas para que esos

haberes se cobren en el Banco Nación. En tanto desde el macrismo denuncian que

el Gobierno pretende «vaciar» al Banco Ciudad.

Estrategia

La estrategia de la Corte es la de no opinar sobre la polémica, por eso el «recordatorio» de ayer, que sólo incluye a sus empleados. En el máximo tribunal quieren evitar tensiones con el Gobierno por temas de gestión ya que entienden que los proyectos de reforma constitucional podrían transformarse en el gran terreno de debate con el kirchnerismo. El titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, ha adelantado en diversas oportunidades que su postura es contraria a la de una reforma. El magistrado suele justificarse alegando que la Justicia debe concentrarse más en los derechos existentes que en el debate de nuevas normas.

En la calle Talcahuano ponen como ejemplo lo ocurrido en 2011, cuando desde el Gobierno se decidió que los bienes secuestrados en el marco de causas judiciales ya no sean responsabilidad de la Corte, sino del Ministerio de Justicia.

La noticia llegó, sin previo aviso, desde el Boletín Oficial y dejó un sabor agridulce: estos bienes, en diversos casos inmuebles o automotores, suelen pasar a remate y a la larga constituyen una caja para nada despreciable. En esa ocasión no hubo reproches de ningún tipo para con la decisión del oficialismo. También se trataba de un tema de gestión.

Un dato para resaltar es que hoy la Corte y el Gobierno no tienen un intermediario definido como ocurría hasta diciembre del año pasado. Ese rol le tocaba al ahora exsenador por Santa Cruz Nicolás Fernández, un íntimo del matrimonio Kirchner y del propio Lorenzetti, a quien conocía desde los tiempos en que éste era juez en la provincia de Santa Fe. Fernández quedó relegado en las listas legislativas y en los puestos ministeriales, y perdió el acceso VIP a Olivos.