“La crisis económicahará que aumente la delincuencia juvenil”

Mendoza- Cada vez que se aborda la problemática de la delincuencia juvenil la opinión se divide entre quienes afirman que hay que bajar la edad de imputabilidad y quienes dicen que la única respuesta debe ser social y que no se debe reprimir a los menores. En 2004, el entonces senador provincial mendocino Daniel Cassia (PJ) agitó las aguas al proponer un servicio cívico militar obligatorio para jóvenes desocupados. Abogado y experto en seguridad, Cassia es ahora diputado provincial. En diálogo con este diario, expuso otras propuestas como crear un gabinete de seguridad y aplicar la Ley de Seguridad Interior.
Periodista.: ¿En qué consistía su proyecto de servicio juvenil obligatorio?
Daniel Cassia: En la creación un servicio cívico y social obligatorio. No tiene nada de militarizado, es una convocatoria de un año a jóvenes de entre 17 y 18 años, obligatoria para los que no estudian ni trabajan y optativa para los que sí lo hacen. Es un servicio social, porque recibirían una mínima remuneración y porque busca sacarlos de la calle y darles un oficio. El proyecto fue presentado en el ámbito provincial, pero con miras a que la Nación también lo adopte. La idea era utilizar la infraestructura militar para darles a los jóvenes tres tipos de instrucción. Una, cívica: conocimiento de la Constitución, derechos y garantías, democracia, etc. Dos, instrucción física, con hincapié en la prevención de la droga y el alcohol y en los valores de una vida sana. Y, tres, la enseñanza de un oficio. Casi todos los cuarteles conservan la infraestructura para carpintería, mecánica, etc. Luego de un año, esos jóvenes podrían salir con un oficio que facilite su inserción social. Se pueden también hacer convenios con empresas para que darles una formación útil para el futuro.
P.: ¿No habría ninguna instrucción militar?
D.C.: No, ni táctica de tiro ni limpieza de cuarteles. Pero sí el acostumbramiento a una disciplina y a horarios. Esto tiene un rol social, es un internado, de lunes a viernes, donde lo principal es la contención de los jóvenes.
P.: ¿Qué repercusión tuvo su proyecto?
D.C.: Muchísima y muy positiva en la gente. Pero, para tomar una decisión así hay que tener mucha espalda política. Tiene que ver con la postura ideológica que se tenga frente a este flagelo. En Mendoza, en la mitad de los operativos antidroga están involucrados chicos de 15, 16 y 17 años. El 60% de los detenidos son jóvenes de entre 18 y 25 años. Considerando estos datos, el auge de la delincuencia juvenil y el hecho de que el Estado a través del sistema educativo ya no contiene a esos menores, se hace necesaria esta medida, si se quiere en forma transitoria. Cuando la propuse, los niveles de delincuencia o de problemática social -ya que muchos jóvenes desocupados no están en el delito- eran algo menos graves que ahora. Y la cosa se va a agravar aún más porque la crisis internacional va a repercutir, con despidos o suspensión de personal. Y al menos un 15% de esa gente termina en el circuito de la delincuencia, para subsistir.
P.: Ahora que en Mendoza hay un gobernador de su mismo partido, ¿puede avanzar esta iniciativa?
D.C.: Me encantaría. Si yo fuese el gobernador ya lo habría implementado pero él tiene una impronta y una decisión sobre estos temas que yo desconozco.
P.: Usted afirma que el tema seguridad no le corresponde a una sola área del Gobierno.
D.C.: Al ser una problemática multicausal, el abordaje debe ser multidisciplinario. En un operativo policial en una zona conflictiva, así como es muy importante lograr resultados contundentes respecto del delito, también es necesaria la presencia de los funcionarios de salud, desarrollo social, educación, deporte, en paralelo o después del operativo policial. Hay barrios virtualmente tomados por familias completas que se dedican al delito. Allí hay que contener a los jóvenes que son usados, por ejemplo, para transporte de droga.
P.: Operativamente, ¿có-mo funcionaría ese abordaje multidisciplinario?
D.C.: Con un gabinete de seguridad. Se lo propuse al ex gobernador Julio Cobos y al actual Celso Jaque. Cada ministerio tiene que tener un secretario dedicado exclusivamente a seguridad. Y participar de un gabinete de crisis con un ministro coordinador por un determinado plazo en el marco de una situación de emergencia declarada por ley. Otra alternativa es la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, que es una herramienta muy importante que incluso genera un financiamiento de la Nación a las provincias. Considerando la grave situación de la delincuencia a nivel nacional y provincial, hay que estar dispuesto a cualquier cosa. Son decisiones a veces traumáticas o antipáticas, pero que hay que tomar.
P.: ¿Hay prejuicio ideológico en este tema?
D.C.: Sí. Y cuando se empieza a discutir la seguridad políticamente, cuando se la lleva al plano de la ideología, estamos perdidos. El delincuente, cuando aprieta el gatillo, no mide si la víctima es rica o pobre, de izquierda o de derecha.
Entrevista de Claudia Peiró