"Ni siquiera hablo albanés...", se quejó Leonarda, expulsada del país donde vivió casi cinco años -y a dos meses de obtener la naturalización- tras ser detenida por la Policía francesa en un autobús escolar frente a sus compañeros del instituto André Malraux de Pontarlier cuando iban de paseo a la fábrica de Peugeot de Sochaux. "Aquí no tengo ninguna posibilidad, no conozco a nadie, no tengo casa y, si Dios existe, nos tomaremos el primer avión que vaya para Francia", agregó desde los suburbios de Mitrovica, en el norte de Kosovo, donde ahora vive con su familia.
El 9 de octubre, Leonarda, que junto a sus padres y sus cinco hermanos y hermanas era objeto de una orden de expulsión, fue detenida en el autobús escolar. Según el relato de una docente, fue el alcalde de Levier quien llamó por teléfono a la adolescente y pidió luego a sus profesores que detengan el vehículo. "Le contesté que no podía pedirme algo así porque me parecía totalmente inhumano", relató la profesora. Finalmente el micro se detuvo en un estacionamiento donde llegó la Policía para detener a la joven sin que los compañeros asistan a la escena.
"Todos mis amigos y mis profesores lloraban. Algunos me preguntaron si había matado a alguien o robado algo...", contó Leonarda. "Le dije a los policías que lo que ocurría no era normal y que no soy de Kosovo. Me dijeron que mi padre me esperaba en el aeropuerto", agregó. Los hijos de los Dibrani nacieron en Francia o Italia.
La joven, quien no habla albanés, explicó que en Kosovo no tiene "derecho a ir al colegio" porque es gitana. "Aquí tengo miedo. Ni quiero salir de casa", afirmó.
Al igual que sus hermanos, sólo puede comunicarse con los kosovares cuando su padre Reshat, de 47 años y a quien las autoridades francesas acusaron de robar, hace de intérprete.
La expulsión de la familia Dibrani endureció más las críticas contra el ministro del Interior, Manuel Valls, tras varias semanas de polémica sobre la situación de unos 20.000 gitanos presentes en Francia. El funcionario se defendió asegurando que se había limitado a "aplicar con firmeza las medidas de expulsión velando escrupulosamente por el respeto del derecho de los extranjeros que son objeto de esas medidas".
Pero la justificación fue insuficiente para los propios compañeros de partido de Valls. El jefe de los diputados socialistas, Bruno Le Roux, opinó que "no se puede ir a buscar a los niños a la escuela" y responsabilizó al prefecto por la acción mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, se indignó en un tuit al declarar que "la izquierda no puede transigir con los valores so pena de perder su alma".
El ministro de Educación, Vincent Peillon, exigió por su parte que "se convierta a la escuela en santuario" y que "esa situación no vuelva a repetirse" y el líder del Partido Socialista, Harlem Desir, exigió el regreso de la joven.
Finalmente Valls se vio obligado a abrir una investigación administrativa sobre la detención, a petición del primer ministro, Jean-Marc Ayrault.
En tanto, el opositor Partido de Izquierda (PG) de Jean-Luc Mélenchon fustigó la "política inhumana" del ministro del Interior. "Manuel Valls no puede decretar que los gitanos no se integran e ir a sacarlos hasta de las escuelas", deploró en un comunicado.
En cambio, la política de mano dura contra los gitanos de Valls -nacido en Barcelona y exponente del ala conservadora del Partido Socialista- fue bien recibida por la opinión pública francesa. El ministro del Interior es el político del Gobierno más popular con un apoyo del 62% y superado sólo por el expresidente Nicolas Sarkozy con el 85% de imagen positiva. Mientras que, tras un año y medio en el poder, cinco recortes presupuestarios y otras tantas subidas de impuestos, la imagen del mandatario François Hollande se erosionó un 24%, según anunció esta semana el instituto Ipsos.
| Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero |
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