La fragilidad de las cuentas públicas es el mayor reto de los gobernadores

Acalladas ya las tensiones de las campañas y con el nuevo mapa político definido hasta 2015 tras la catarata de comicios de este año, acaba de arrancar el primer año de gestión de los gobernadores electos o reelectos, en un escenario que les plantea difíciles desafíos financieros.

Pese a la fuerte mejora en los ingresos por la expansión económica, las provincias terminarán este año con un déficit primario de cerca de $ 5.790 millones, similar al resultado de 2009. Pero al considerar el pago de los intereses, el déficit financiero escala a $ 10.690 millones.

El dictado de las urnas marcó una profundización de la hegemonía del kircherismo y sus aliados en el interior del país, y también una clara tendencia del electorado a avalar la continuidad de gestión. Así, 14 gobernadores lograron este año la reelección (incluido el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri).

En ese lote se inscribe un ramillete de justicialistas de mayor o menor sintonía con Cristina de Kirchner: el bonaerense Daniel Scioli, el chaqueño Jorge Capitanich, el santacruceño Daniel Peralta, el formoseño Gildo Insfrán, el salteño Juan Manuel Urtubey, el sanjuanino José Luis Gioja, el entrerriano Sergio Urribarri, el pampeano Oscar Jorge, el riojano Luis Beder Herrera y el tucumano José Alperovich.

En sintonía, permanecerán en el poder hasta 2015 figuras aliadas al Gobierno como el renovador misionero Maurice Closs, la exarista fueguina Fabiana Ríos y el neuquino del MPN Jorge Sapag. Ese universo K y sus satélites se completa con flamantes mandatarios peronistas que reportarán a Balcarce 50: la catamarqueña Lucía Corpacci, el rionegrino Carlos Soria, el mendocino Francisco «Paco» Pérez, el jujeño Eduardo Fellner y el chubutense Martín Buzzi (en rigor, un dasnevista devenido K tras su triunfo, por la fuerza de la necesidad de sintonizar con Nación).

Corpacci y Soria son los responsables de dos de los tantos malos tragos que debió sufrir este año la UCR nacional: con sus victorias en Catamarca (marzo) y Río Negro (septiembre), el calendario de elecciones provinciales desdobladas se inició y concluyó con las derrotas de los radicales Eduardo Brizuela del Moral y César Barbeito, hombre del saliente Miguel Saiz, respectivamente.

El huracán kirchnerista, atado a la cómoda reelección de Cristina de Kirchner, sólo se vio quebrado por la ratificación (aunque ajustada) del Frente Progresista en Santa Fe (con el socialista Antonio Bonfatti, sucesor del excandidato presidencial Hermes Binner); con la reelección de Macri (PRO) y con la unción en San Luis del delfín del peronista disidente Alberto Rodríguez Saá, Claudio Poggi.

Un caso particular, en tanto, es el de Córdoba, con un justicialista crítico electo como José Manuel de la Sota, que arranca la gestión con una pésima relación política con Balcarce 50, que derivó ya en millonarias moras en los envíos de fondos federales a la provincia. En paralelo, a nivel de las capitales, el año electoral también deparó algunos cambios de signo político.

Por caso, el radicalismo perdió la ciudad de Río Gallegos (se va Héctor Roquel e ingresa Raúl Cantín, del Frente para la Victoria) y ganó la de Córdoba (con Ramón Mestre hijo).

En medio de la debacle que le depararon las urnas a nivel nacional, en tanto, el centenario partido logró, en cambio, retener las plazas de Mendoza, Resistencia, Viedma, San Salvador de Jujuy, Ushuaia y Neuquén.

Actualizado ya el escenario político hasta 2015 -en rigor, Corrientes y Santiago del Estero no votaron por el desfase que les generaron las intervenciones federales-, ahora los mandatarios electos y reelectos se preparan para enfrentar un primer año de gestión marcado por la estrechez de cuentas y la incertidumbre que generan potenciales coletazos de la crisis mundial. Uno de los desafíos políticos será entonces pilotear con inteligencia la relación con la Casa Rosada para intentar garantizarse un mayor flujo de fondos, en el marco de un interior estructuralmente dependiente de las cuentas nacionales. La necesidad de reducir subsidios y el limitado financiamiento internacional hacen que los presupuestos provinciales estén pendientes también de la refinanciación de servicios de deuda provincial, cuyo principal acreedor es el Estado nacional.

Estos vencimientos serán significativos el próximo año, debido a que finaliza el estratégico período de gracia del Programa Federal de Desendeudamiento, que tuvo vigencia en 2010 y en el electoral 2011, y que permitió a 17 provincias (incluida Buenos Aires) una excepcional oxigenación de las cuentas públicas.

En este marco, un minucioso informe del IERAL de la Fundación Mediterránea explica que el ajustado esquema de este año no se vio reflejado, sin embargo, en los recursos totales de las provincias, que cierran el año con una suba del 33,4% respecto de 2010. Sí se nota, en cambio, un estancamiento de los envíos por transferen-cias nacionales, que el año pasado incluyeron los ATN del Programa de Desendeudamiento.

«También fue óptimo para el interior el desempeño de los recursos propios, que en materia tributaria crecieron el 37%», sostiene el análisis privado. Pero más allá de la mejora en el nivel de ingresos propios, lo cierto es que el nivel de gastos este año electoral desequilibró la balanza en el interior, y que además todos los distritos dependen, en mayor o menor medida, de los envíos de coparticipación. Esa relación se traduce en que la mitad de los recursos provinciales provienen del Gobierno nacional.

Por todo esto será clave para las provincias en 2012 la refinanciación de las deudas que mantienen con la caja nacional. No será una tarea fácil. Surgirán dificultades por limitaciones del Gobierno central y por las complicaciones del contexto financiero internacional. Hasta ahora, el Presupuesto nacional para el próximo año contempla la asistencia al interior a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por $ 14.950 millones, que, según estimaciones del IERAL, representa «la mitad de las necesidades» locales.

De todas maneras, consultados varios gobernadores de trato directo con la Casa Rosada, se espera también que el Gobierno prorrogue por un año más el período de gracia y reduzca de esta manera en un 30% los servicios de deuda.

Por lo bajo, los Ejecutivos además mantienen la esperanza de que, pasados los apremios de la campaña, pueda reflotarse una vieja asignatura pendiente: la discusión de una nueva ley de coparticipación que permita revertir la asimetría que hoy asigna más del 70% de la torta impositiva a los bolsillos nacionales.

El otro gran desafío para todas las provincias será la fuerte necesidad de moderar el crecimiento del gasto público, que este año se movió fundamentalmente al ritmo de los apremios electorales y de los reclamos de subas salariales del sector público, fogoneados por la inflación.

Precisamente, puertas adentro de sus provincias y tras los previsibles reacomodamientos y períodos vacacionales de enero, otra prueba de fuego para los mandatarios estallará en febrero, bandera de largada de las negociaciones salariales con los gremios locales.

Esa pulseada no es menor: determinará el grado de oxígeno financiero con el que contarán para afrontar el resto del año, dado el peso central que tiene el pago de salarios en la ristra de compromisos del Estado. El recambio de autoridades además encuentra a las provincias signadas por pujas fiscales en todos los niveles de Gobierno, debido al tratamiento de los respectivos presupuestos que regirán el primer año del mandato que se inicia. n