La industria deposita en Brasil su expectativa de volver a crecer

Las perspectivas para 2013 en lo que hace a las industrias argentinas parecen resumirse en un una sola palabra: Brasil. La recuperación del gigante vecino, la resolución de las históricas disputas comerciales, la renovación o reforma del acuerdo automotor y, en general, el consumo del socio del Mercosur jugarán un papel más que relevante en la performance de la industria nacional.

Pero aun cuando se produjera la recomposición de la economía brasileña que todos esperan, las proyecciones más serias indican que las exportaciones de MOI (Manufacturas de Origen Industrial) caerán el año que viene cerca del 5%, un adicional preocupante a la baja que se producirá este año, y que ronda el 2% sobre lo sucedido en 2011.

Tampoco la actividad económica doméstica ayudó a compensar las menores ventas al exterior: por un cúmulo de factores (inflación, expectativas, falta de crédito) hubo retracción de ventas en muchos rubros que venían empujando a la economía como locomotoras. Un caso claro es el de los automóviles, que cerrará el año con ventas levemente superiores a los 830.000 vehículos, muy lejos de la meta de un millón que algún optimista se arriesgó a aventurar para este año. También la producción cayó, en este caso por las menores ventas a Brasil, a cerca de 800.000 unidades. Para el año próximo, las terminales arriesgan cifras similares a las de este año.

Sin embargo, el discurso de la presidente Cristina de Kirchner en la última Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) prendió algunas luces de alarma en el tablero de las automotrices: allí dijo que todas las terminales son filiales de empresas extranjeras, y que indefectiblemente remesan utilidades al exterior todos los años. «Off the record», porque nadie hoy quiere discutir y menos pelearse con la Presidente, los fabricantes aseguraban que muchos de ellos nunca remesaron utilidades desde que llegaron al país y que, cuando las tuvieron, las reinvirtieron. «Sí remitimos regalías», dijo Luis Ureta Sáenz Peña, presidente de PSA Peugeot Citroën, «pero nunca ganancias».

En el mismo discurso, la Presidente llamó a alentar a los autopartistas locales, ignorando quizá que en los Gobiernos Kirchner la producción de autos creció un 480% y la de autopartes sólo un 50%, por la falta de competitividad (por los altísimos costos de producción) que presenta el sector. «Por eso tenemos autos que sólo tienen el 30% de integración de partes hechas en el país», dijo Cristiano Rattazzi, CEO de Fiat Argentina. «Algunos de nuestros modelos tienen hasta un 50% de partes locales, pero no es la regla en la industria».

El otro sector que empujaba y ya no lo hace es la construcción. Con desplomes de hasta el 65% en los pedidos de permisos para obras nuevas, el panorama que comenzó en el segundo trimestre del año a ser preocupante, para 2013 apunta a catastrófico. Las restricciones al acceso a las divisas hicieron que este mercado, que tradicionalmente se movió en dólares, se paralizara. La venta de unidades usadas hoy es casi nula, y la de nuevas se logra tras largas negociaciones no sólo por el precio, sino por el tipo de cambio a considerar o la moneda de pago.

También se complicó el panorama para quienes construyen usando el sistema de fideicomisos. Esos desarrolladores pueden aceptar pesos, porque todos sus insumos (desde la mano de obra hasta los ladrillos, salvo algún componente importado en el mobiliario de cocina y baño) se pagan en moneda local. Sin embargo, los posibles compradores comenzaron a retraerse porque hay gran incertidumbre sobre la posibilidad de que algunos de los que participan en estos «fondos comunes» para la construcción dejen de pagar. Sucede que las cuotas se ajustan por el índice de la Cámara de la Construcción, y no todos los que se meten en un departamento al costo podrán acompañar con sus ingresos la suba de las mensualidades. Además de eso, era un hábito lanzarse a construir con parte del edificio sin haber sido prevendido, con la seguridad casi absoluta de que eventualmente esa parte del desarrollo se vendería. Esto hoy no sucede.

La gran esperanza del sector desarrollador, como la de muchos otros que viven de la importación, es que el Gobierno afloje la rígida restricción que aplica hoy sobre la compra y venta de moneda extranjera. Los menores vencimientos de deuda en 2013 y las necesidades políticas de un año electoral hacen que los importadores y -en general- todos los sectores que dependen en parte o en todo del libre acceso al dólar vean el año próximo con mayor optimismo.

¿Qué pasará con el tipo de cambio? Javier Madanes Quintanilla, CEO y principal accionista de Aluar, explica lo que parece ser la postura generalizada entre los industriales: «Devaluar es la manera más fácil de resolver los problemas, aparentemente, pero si para recuperar competitividad lo único que se hace es tocar el tipo de cambio, explota como una bomba y el efecto es el contrario al que se busca».

Otro tema que los empresarios ven como una amenaza son las discusiones salariales que deberán enfrentar a partir de marzo. «Yo siempre dije que prefiero una CGT unificada, porque cuando el movimiento sindical se divide, se pelean entre ellos para ver quién es más duro en la negociación con el sector empresario», dijo José Ignacio de Mendiguren, titular hasta marzo del año próximo de la UIA. La preocupación del dirigente esta vez se multiplica por cinco, dado que hoy existen tres CGT y dos CTA, cada una con su agenda propia de reclamos gremiales, pero también de intereses políticos de cara al Gobierno y a las otras agrupaciones sindicales.

No sólo la industria enfrenta este problema: también el comercio, complicado por la falta de artículos importados, el menor consumo y la inflación. Y, desde ya, por la explosión exponencial del comercio «trucho». Tanto la Cámara Argentina de Comercio como otras entidades más o menos representativas del sector vienen denunciando hace años la invasión de puestos de venta ilegales en las principales calles y avenidas de todas las ciudades del país, y no sólo en las principales urbes. El mayor exponente de su preocupación son las ferias como las de La Salada y las denominadas «saladitas», reproducciones a escala menor de lo que sucede en las inmediaciones del Puente La Noria, donde se mueven cientos de millones de dólares al año sin controles fiscales y con total impunidad en lo que hace a falsificación de marcas. Curiosamente, el modelo «La Salada» es alentado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pese al enorme daño que le causa al comercio legal. De hecho, algunos rumores apuntan a que la intención del funcionario (que llevó a directivos de La Salada al exterior en sus misiones comerciales) es establecer en el Mercado Central una réplica a gran escala de ese polémico emprendimiento.

Estas formas de comercialización, además, son uno de los principales focos del trabajo ilegal, un azote que los empresarios «en blanco» quieren combatir no sólo por ser un esquema de explotación inaceptable en el siglo XXI, sino también porque constituyen una ventaja competitiva enorme para quienes «negrean».

En este panorama, las entidades representativas del sector empresario parecen resignadas a esperar que los malos augurios que se ciernen sobre ellos cada vez que la Presidente da un discurso se atenúen al calor de la campaña electoral. La AEA (Asociación Empresaria Argentina), que reúne a los principales empresarios argentinos, prácticamente ha desaparecido del escenario. La UIA renovará sus autoridades en marzo, y si bien se perfila como presidente el joven José Urtubey, se duda de que haya un dirigente que tenga la cintura y la capacidad de establecer un buen vínculo con la Presidente como los que exhibe De Mendiguren. El denominado Grupo de los Seis, que agrupaba al campo, la Bolsa, el comercio, los bancos, la construcción y la industria, se autodisolvió en silencio, y Moreno impulsa sin tapujos la construcción de una «alternativa nacional» a esas entidades, prohijando a otras como la CGE y la CGERA, que, al menos por ahora, no pueden exhibir una representatividad razonable.

Finalmente, no es posible ignorar el sacudón que fue para los empresarios la expropiación de YPF. No había empresarios más cercanos al Gobierno (al menos aparentemente) que los Eskenazi, y sin embargo a Cristina de Kirchner no le tembló el pulso para firmar su defenestración. Los rumores recurrentes, que van y vienen, sobre algunas empresas que en el pasado fueron propiedad del Estado y que se privatizaron o concesionaron en los 90, no hacen más que acrecentar esa preocupación.