La inundación también postergó reforma judicial

Julián Domínguez

Todo cambió en la mañana de ayer para la política inmediata. La subestimación inicial que hizo el oficialismo del impacto que la tormenta tuvo en la ciudad de La Plata se tornó ayer en un giro violento para la política. Hasta ese momento todo había sido interpretar el daño en la Capital Federal y sus responsables. Pero La Plata ya era otro nivel para la catástrofe.

La primera reacción fue la suspensión del acto que se había preparado en la Casa Rosada para el lanzamiento del paquete de proyectos de reforma judicial.

Las invitaciones a esa presentación se habían enviado por mail a todos los jefes de bloque del Congreso, al presidente de la Cámara de Diputados, a Amado Boudou, a ministros de la Corte Suprema, la procuradora Alejandra Gils Carbó, jueces, juristas, militantes y gobernadores. Todo indicaba que se trataría de esos actos con aire fundacional que al Gobierno le gustan tanto para anunciar sus medidas de fondo.

La reforma estaba lista, como adelantó este diario, y sólo restaba el anuncio. Para eso se preparó en el más estricto de los secretos el Gobierno.

Pero tras la suspensión, hubo orden cerrada de mantener silencio sobre la redacción final de los proyectos para resguardarlos hasta, por lo menos, dentro de una semana, cuando se calme el impacto del desastre que provocaron las lluvias.

En realidad, el cambio de rumbo se conoció por otro carril. Se supo cuando, más temprano, el radical Ricardo Gil Lavedra comentó que no podría concurrir al acto de la Casa Rosada por estar invitado a hablar en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Desde ese momento comenzaron los chequeos entre invitados y el Gobierno. En el Congreso esperaron una confirmación de la suspensión que recién llegó cuando se supo que Cristina de Kirchner había pedido el helicóptero presidencial para volar a La Plata, recorrer a pie algunas zonas inundadas (incluida su natal Tolosa) y reunirse luego por 40 minutos con Daniel Scioli, gira que más tarde se prolongó al Barrio Mitre y a la zona de Saavedra en la Capital Federal. Fue la señal de que la reforma judicial volvía a un cajón.

No fue lo único que cambió casi de repente con la magnitud trágica de las inundaciones. Al mismo tiempo, el PJ decidió suspender también la cumbre del Grupo Santa Teresita (unos 80 intendentes que en el verano se pasearon en encuentros en la costa atlántica a espaldas de Daniel Scioli para alimentar teorías conspirativas bonaerenses al armar una unidad por fuera del sciolismo) que se había organizado para mañana en la Universidad de La Matanza.

Nada de la política tradicional quedó en pie, entonces, para dar paso a los gestos, televisaciones y asistencias varias frente a la catástrofe. Ni el paro docente siguió siendo lo mismo.

En lugar del acto, Julián Domínguez decidió convocar a todos los jefes de bloque, oficialistas y opositores a su despacho.

Allí alumbraron una declaración de unidad ante el impacto y las muertes que produjo la inundación: "Ante este desesperante drama que azota a los afectados por el reciente temporal, nosotros, todos los diputados nacionales, sin distinción de pertenencias políticas queremos solidarizarnos con nuestros compatriotas víctimas de esta catástrofe y extender nuestra mano fraterna y acompañarlos en este difícil y doloroso momento".

La firma tuvo un quórum perfecto: Domínguez, Agustín Rossi, Gil Lavedra, Enrique Thomas, Federico Pinedo, Daniel Brue, Alfonso Prat Gay, Juan Carlos Zabalza, Ernesto Martínez - presidente bloque Frente Cívico Córdoba, Margarita Stolbizer, Claudio Lozano, Carlos Heller, Felipe Solá, Fernando Solanas, Alicia Comelli, Omar De Marchi, Mariana Veaute, Victoria Donda y Graciela Ocaña, entre otros.