La Justicia española amenaza ahora con arrestar al líder catalán

La Policía de la región autónoma, sometida a lealtades cruzadas, recibió la orden de decomisar las urnas el domingo. Convocado a una reunión por el Gobierno central, su jefe decidió enviar a un subalterno.

Barcelona - España entró ayer en la recta final hacia el referendo de independencia que Cataluña quiere celebrar el domingo en un clima de tensión, que incluyó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, especulando por primera vez con la detención del jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.

"Legalmente, se podrían dar los requisitos para su arresto", afirmó Maza a la radio Onda Cero. "Es una decisión que siempre queda ahí abierta pero que de momento no hemos considerado que deba hacerse", agregó, al ser preguntado al respecto.

La Fiscalía General solicitó que se abran diligencias contra Puigdemont y contra los miembros de su Gobierno, a quienes acusa de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Este último cargo podría conllevar penas de cárcel y podría justificar que se solicite la detención del líder soberanista, precisó el fiscal.

Maza ya amenazó con arrestar a los cerca de 700 alcaldes catalanes que se declararon dispuestos a celebrar el referendo, en el marco de una ofensiva de las instituciones españolas para impedir la consulta, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) a pedido del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las declaraciones del fiscal general reflejan la tensión que respira España a seis días del referendo soberanista y las dudas sobre qué aspecto tendrá, teniendo en cuenta que la consulta carece de reconocimiento nacional e internacional, boletas, junta electoral o campaña opositora.

Puigdemont insistió ayer en que el domingo "habrá urnas y boletas, y algo que todavía es más importante para la celebración de un referendo: habrá votantes".

El Gobierno de Rajoy, sin embargo, viene actuando para frenarlo y asegura que el referendo no tendrá lugar.

Ayer, la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó a la policía regional catalana, los Mossos D'Esquadra, que registre los colegios electorales y que requise todo el material relacionado con la celebración del referendo.

El fiscal catalán, José María Romero de Tejada, solicitó al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, identificar a los responsables de esos centros e interrogarlos, en calidad de testigos, sobre si recibieron alguna comunicación del Gobierno de Puigdemont solicitando su colaboración en la consulta.

La orden judicial se produjo el mismo día en el que tuvo lugar en Barcelona la primera reunión convocada por el Ministerio de Interior para coordinar la labor de las fuerzas de seguridad de cara al bloqueo del referendo.

En el encuentro, el número dos de la policía catalana, Ferrán López, mostró la disconformidad del cuerpo ante la decisión del Gobierno español de asumir la coordinación del operativo.

Muestra también de la inconformidad con el control del Gobierno fue que Trapero no asistiera a la reunión. Además, envió un escrito a la Fiscalía catalana en el que considera "injustificada" dicha decisión ya que, asegura, "afecta a la profesionalidad y prestigio" del cuerpo.

Aún es difícil prever qué ocurrirá a partir del lunes. Puigdemont prometió que una victoria del "Sí" a la creación de la República de Cataluña provocaría la declaración unilateral de independencia.

Rajoy espera, en cambio, sumar el respaldo directo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que mantendrá hoy en Washington su primer encuentro bilateral, y el de los líderes de la Unión Europea (UE), con los que coincidirá a finales de semana en la cumbre de jefes de Gobierno del bloque.

Agencias DPA y AFP,

y Ámbito Financiero