La “mano blanda” unió en Diputados a K y opositores

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El espíritu ecuménico de fin de año se apoderó ayer de diputados de todos los signos políticos, quienes presentaron en el Congreso un plan de lucha contra el delito «sin mano dura».

En el conglomerado de legisladores nacionales y porteños, jueces, gremialistas, dirigentes sociales y académicos, sorprendieron algunas presencias como la de Felipe Solá, quien apareció reivindicando el garantismo oficialista que ahora combate como ex kirchnerista.

El Acuerdo para la Seguridad Democrática plantea la creación de políticas de Estado «que den respuestas contra el delito, pero sin mano dura». «El problema de la seguridad se ha agravado con políticas fallidas e ineficaces», señaló el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y consideró que la democracia tiene un «déficit» en el abordaje del tema.

Al acuerdo suscribieron diputados del Frente para la Victoria como el titular del bloque, Agustín Rossi, aunque de la presentación sólo participaron referentes de la oposición, encabezados por el radical Ricardo Alfonsín y Solá, el jefe del Peronismo Federal.

«Compartimos la preocupación por la reiteración de medidas autoritarias e ineficientes frente al delito y por la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público», afirmaron los participantes en conferencia de prensa, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional.

A la vez, apuntaron contra «las políticas demagógicas e improvisadas dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas, que sólo agravan el problema y reproducen la violencia».

La iniciativa surgió del ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, en conjunto con el CELS, y apunta a dejar las políticas de seguridad y el control policial en manos de civiles, a fin de evitar el «facilismo represivo».

Además, busca descentralizar las fuerzas a través de la creación de policías comunales y fomentar la existencia de una Policía judicial. Uno de los puntos principales del acuerdo es el rechazo a la «mano dura», que -según argumentaron- «sóha constituido un impepara la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos».

Al acuerdo adhirieron el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni; el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky; académicos como Marcelo Saín y Alberto Binder; y los diputados Margarita Stolbizer, Ariel Basteiro, Ricardo Gil Lavedra, Carlos Heller, Eduardo Macaluse, Remo Carlotto y Martín Sabbatella.

También firmaron el acuerdo Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; los dirigentes Luis DElía, Emilio Pérsico y Humberto Tumini; y los senadores Gerardo Morales y Rubén Giustiniani.

La iniciativa contiene diez puntos de análisis: «El Estado frente al problema del delito; El engaño de la mano dura; Responsabilidad del Estado; Concepción integral de la seguridad; Gestión democrática; Desactivar redes de delitos; Gestión policial no violenta; El papel de la Justicia; Cumplimiento de las penas; y Acuerdo para la seguridad en democracia».

Asistieron, además, los diputados nacionales Ricardo Alfonsín; Victoria Donda (Libres del Sur); Vilma Ibarra y Griselda Baldatta (Coalición Cívica).

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