La necesaria generosidad de la dirigencia política nacional

Santa Fe tiene los mismos problemas fiscales que la mayoría de las provincias argentinas. En el año 2009, 20 de las 24 jurisdicciones cerraron con déficit fiscal. La situación coyuntural de crisis internacional, agravada en Santa Fe por la sequía y el conflicto agropecuario aceleraron el proceso de deterioro de las economías provinciales basado en la alta concentración de recursos en el Estado nacional y la transferencia de los servicios públicos a las provincias. Servicios de salud, de educación y de seguridad que hacen que el 60 por ciento de los empleados públicos dependa de los presupuestos provinciales.

En 2009 los fondos coparticipados a las distintas jurisdicciones representaron sólo el 24 por ciento de la recaudación total nacional. Año a año ese porcentaje de fondos transferidos automáticamente a las provincias disminuye y se incrementan las partidas discrecionales.

Si le sumamos a los fondos coparticipados el año pasado las transferencias discrecionales y la coparticipación del 30 por ciento de las retenciones de la exportación de soja, llegamos a un 29 por ciento, cuando la ley marca un piso de distribución de un 34 por ciento del total de la recaudación nacional.

Las provincias sin déficit como lo son San Juan, La Pampa, Santiago del Estero y Chubut, recibieron importantes aportes del Estado nacional.

Por su parte, las que comparten la zona centro con Santa Fe, como Buenos Aires, Córdoba, y Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aumentaron sus impuestos propios en los años 2008 y 2009.

Demandas

En definitiva, estamos frente a un sistema tributario anárquico y descoordinado, en donde cada nivel del Estado busca cubrir sus demandas de recursos unilateralmente.

Por este motivo es imprescindible que se empiece a discutir una reforma tributaria racional y planificada, que asegure independencia fiscal a las provincias y a los municipios, y garantice el equilibrio macroeconómico a las cuentas nacionales.

Pero también tenemos que poner en debate la política de protección social que cualquier ciudadano argentino del siglo XXI tiene derecho a gozar: el derecho a una educación de calidad, el derecho a la salud pública y el derecho a la seguridad deben estar garantizados por un Estado eficiente y transparente a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Para esto necesitamos invertir recursos y tenemos que definir quién debe aportarlos.

Responsabilidad

Hoy los que tenemos responsabilidad de Gobierno, tanto en los ámbitos legislativo como ejecutivo, estamos frente a la oportunidad de cambiar la lógica de construcción política de nuestro país. Tenemos que dejar de lado esta cultura del disenso, del desencuentro y de la puja permanente por espacios de poder sin saber para qué.

La pluralidad de ideas y las opiniones divergentes enriquecen el debate y amplían las miradas para encontrar así soluciones más creativas. Esto se puede poner en práctica ahora mismo, sin necesidad de esperar hasta 2011, como nos prometen desde los medios de comunicación muchos de los que se apresuran a candidatearse.

Es imprescindible actuar con generosidad y recuperar la política con mayúsculas. Para salir del escenario de conflicto permanente necesitamos más generosidad, más diálogo y más política. Esto se logra con dirigentes cuya talla moral, intelectual y afectiva les permita comprender la oportunidad histórica de cambiar la crispación por el trabajo cotidiano apostando al bien común.



(*) Diputada nacional por el Partido Socialista.