La nieta recuperada y las traiciones montoneras

El balance del año que termina es positivo en la búsqueda de los hijos de personas detenidas y desaparecidas, apropiados en tiempos de la dictadura: ocho jóvenes recuperaron su identidad en el transcurso de 2008, completando así un total de 96. Pero detrás de estos logros, la última recuperación evoca la responsabilidad de los propios jefes guerrilleros en un accionar que contribuyó, mediante la sustitución de la política por la violencia, a crear condiciones propicias para la represión, realidad disimulada hoy por el benévolo «relato» oficial.
La nieta recuperada número 96 es una joven de 30 años, hija de dos miembros de la organización Montoneros, Raquel Negro y Tulio Valenzuela, secuestrados por un comando del Ejército en enero de 1978 y llevados a un campo de concentración cerca de Rosario. Allí, Valenzuela, jefe de columna de la organización guerrillera, de acuerdo con su esposa, embarazada de siete meses, finge voluntad de colaborar en la captura de los jefes montoneros que se encontraban entonces en la ciudad de México. Pero al llegar a esa capital, Valenzuela se presenta ante sus jefes, revela la naturaleza de su misión y la denuncia a través de la prensa mexicana. Su esposa, que había permanecido como rehén en la Argentina, es asesinada después de dar a luz a una niña, la joven ahora recuperada.
Recompensa
La conducción de Montoneros «recompensó» la lealtad de Valenzuela con un «juicio revolucionario». Los cargos: «traición» y «delación». El veredicto: culpable. La pena: degradación. La pena formal, porque la verdadera vino por otros medios: Valenzuela fue enviado de regreso a la Argentina ese mismo año en una de las misiones suicidas que la conducción guerrillera organizaba desde el exterior. Suicidas, porque casi siempre parecían conocidas de antemano por la inteligencia militar, como lo probaría el hecho de que la segunda caída de Valenzuela se produjo en la frontera. Algo análogo a lo sucedido con muchos de los militantes que participaron de las dos «contraofensivas» lanzadas en 1980.
El caso Valenzuela es, por lo tanto, un perfecto exponente de la política montonera: por un lado, muestra el trato al que la cúpula guerrillera sometía a sus militantes, en tiempos en que la organización estaba ya fuertemente diezmada por una represión favorecida por el aislamiento político resultante de las delirantes estrategias de su conducción. Por otro lado, la respuesta al gesto de Valenzuela confirma el desprecio por la vida de sus militantes.
En nuestro país no hay arrepentimiento ni compasión hacia las víctimas por parte de quienes llevaron a la organización que comandaban a desafiar militarmente a un Gobierno legal y legítimo, contribuyendo así a facilitar el quiebre institucional y la subsiguiente represión.
Entrevistado por la hermana de Ricardo Zucker (el hijo del actor Marcos Zucker), fallecido en la «contraofensiva» montonera de 1980, que costó varias decenas de vidas), Mario Firmenich, jefe máximo de esa guerrilla, dijo: «En la contraofensiva murieron 20 o 22 compañeros, ¿y qué?».
La Corte Suprema de Justicia acaba de exhortar a los jueces a acelerar los procesos penales contra los responsables de las modali-
dades criminales que adoptó la represión en aquellos años. Pero al mismo tiempo, el «relato» oficial escamotea la condena -por lo menos política- que les corresponde a los jefes de la guerrilla por su responsabilidad en una estrategia que les costó la vida a miles de militantes.