La “nueva era” baja en cámara lenta

Barack Obama

 Amén de los indicios interesantes de apertura en la política exterior de Barack Obama, hasta hoy básicamente discursivos, venimos sosteniendo desde hace tiempo que el demócrata ha experimentado desde su asunción una suerte de giro realista que impide constatar el corte tajante que algunos imaginan con respecto a los ocho años de George W. Bush. Esto, que se percibe en la generalidad del enfoque del Departamento de Estado, tiene obvias resonancias en la relación con América Latina, un hecho que está en el corazón de las tensiones que cruzan la región y que quedaron expuestos en la cumbre de UNASUR del viernes en San Carlos de Bariloche.

La promoción del libre comercio, el enfrentamiento con Cuba y Venezuela, y la alianza de acero con Colombia fueron las marcas centrales de la administración Bush. Veamos qué ha sido de todo eso con Obama.

Bajo el Gobierno demócrata, lo primero es políticamente imposible en virtud de la crisis económica que atraviesa Estados Unidos, que ha disparado el desempleo casi al umbral del 10%, y de la presión de los sindicatos sobre el liderazgo partidario, recelosos de que las empresas locales migren a un vecindario donde el trabajo vale mucho menos.

Lo segundo arrancó bien: la Casa Blanca relajó tibiamente el embargo contra la isla comunista y mostró disposición a un diálogo amplio con La Habana y con Caracas. Sin embargo, la aspiración latinoamericana de un regreso de Cuba a la OEA quedó, por voluntad de Estados Unidos, enmarañada en una resolución de lenguaje ambiguo, que permite a Washington seguir exigiendo como precondición la apertura del castrismo a la democracia. Y con Hugo Chávez la relación es cada vez más inocultablemente tirante.

Lo más elocuente, y actual, es, con todo, lo de Colombia, eje de los desvelos de hoy en la región. Cuando Obama asumió, en Bogotá todo era desconfianza. La prédica del demócrata contra las violaciones a los derechos humanos en ese país provocaba muchos resquemores. Su queja por los asesinatos de líderes sindicales (sin paralelo en ninguna democracia del mundo) eran motivo para congelar la ratificación del Tratado de Libre Comercio binacional, así como las denuncias de nexos entre militares y funcionarios con paramilitares hacían temer restricciones a la cuantiosa ayuda militar que Washington provee desde hace años en el marco del Plan Colombia.

Pero todo cambia. Con respecto al TLC, Obama dijo haber constatado «avances» en materia de derechos humanos (¿cuáles?; ¿los descubrió, ya estaban o prefirió imaginarlos?) y se mostró a fines de junio abierto por primera vez a una renegociación que, finalmente, le allane el camino. Cauto, para no irritar a la base sindical demócrata, aclaró, sin embargo, que el Congreso definirá la cuestión.

Con respecto a la ayuda militar, las prevenciones que regían el 20 de enero, cuando asumió, derivaron en la ratificación de la alianza heredada de Bush. Un convenio amplio que dará a los 800 soldados y 600 «contratistas» (personal de inteligencia y de apoyo, para ser más claros) autorizados para operar en Colombia con acceso irrestricto a siete bases. Tropas, equipos y sistemas de espionaje podrán circular y establecerse en todo el territorio de ese país, de Norte a Sur y de Este a Oeste, según surge de un rápido vistazo al mapa donde están ubicadas esas bases.

Así, cabe preguntarse en cuanto al problema de las drogas, ¿qué fue de la doctrina Obama de la corresponsabilidad de Estados Unidos como principal mercado de consumo? La idea, saludada en la región, fue pronunciada por el norteamericano en México el 17 de abril. «La demanda de droga en Estados Unidos es lo que motiva a los carteles. Más del 90% de las armas (que éstos usan) provienen de Estados Unidos, de modo que nosotros también tenemos responsabilidad», dijo entonces. Según sus últimos pasos, todo indica que la idea de la «corresponsabilidad» se traducirá simplemente en la continuidad de la ayuda militar a los aliados que combaten a los narcos fuera de las fronteras de su país. De políticas para atacar el consumo y los focos de corrupción propios, que hacen posible el ingreso de droga a través de las fronteras, nada se ha dicho.

Suele decirse que Estados Unidos no tiene una política para América Latina. Falso. La tiene, sólo que la suele expresar básicamente en términos militares y de seguridad, como se acaba de ver. Como corresponde a su rol de hiperpotencia, cuyos intereses militares no pueden encorsetarse en las fronteras nacionales y tienen escala global.

Una visión diferente de Washington implicaría la adopción de un modelo a la europea, esto es que el centro regional más rico y poderoso financie, a través del acceso a su mercado, el desarrollo de los arrabales. Esto es la construcción de un mercado común. No al modo del TLC de Bush, sino con un flujo generoso de «fondos de convergencia» que permitan la adecuación productiva y de infraestructura de los nuevos socios a través de los años, de modo que el libre comercio no se transforme en un camino nuevo al subdesarrollo de los más débiles.

Pero ése es otro planeta. Para conocerlo hay que tomarse el trabajo del cruzar el Atlántico.