La nueva era viene con letra chica

Soplan vientos de cambio en Washington. No hay duda de ello. Directivos de Human Rights Watch, ONG de derechos humanos que con rigor señalaba los «excesos» cometidos por la administración republicana en la lucha contra el terrorismo, asesoran hoy al novel presidente demócrata Barack Obama sobre cómo continuar con la práctica de la «extraordinary rendition» (entrega extraordinaria) dentro de parámetros «aceptables». Se trata de la captura secreta de sospechosos de terrorismo, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su posterior traslado a cárceles en terceros países o a la base de Guantánamo (Cuba).
Después de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001, la CIA creó una red de cárceles secretas en diversos países para estos detenidos vía procedimientos «extrajudiciales». Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional fueron las primeras en denunciar esta práctica, por la cual cientos de sospechosos fueron secuestrados y trasladados a países donde se practicaba la tortura.
La decisión de Obama de no quitarle esa facultad a la CIA pasó inadvertida en medio del júbilo causado por otras medidas adoptadas el mismo día, 22 de enero de 2009: el cierre de la cárcel de Guantánamo y la prohibición del uso de prisiones secretas y de la tortura.
En concreto, al mismo tiempo que ponía fin a dos de las más controvertidas herramientas antiterroristas de su antecesor, George W. Bush, Obama mantenía una tercera, no menos polémica. En su entorno afirman que no será lo mismo porque las órdenes del nuevo presidente especifican que no habrá más cárceles secretas. Es en particular la opinión de Tom Malinowski, director de Derechos Humanos de Human Rights Watch en Washington y asesor de Obama en el tema Guantánamo. «Bajo circunstancias limitadas, hay un espacio legítimo» para las «renditions», dijo Malinowski. «El presidente -aseguró- quiere un sistema que no resulte en el traslado de estas personas a mazmorras extranjeras para ser torturados».
En tiempos de Bush se reveló que muchos países europeos estaban al tanto y, en ciertos casos, cooperaban con estas actividades extrajudiciales de la CIA. Human Rights Watch acusó entonces a los gobiernos de la Unión Europea de minar la prohibición de la tortura mediante la extradición de sospechosos a países donde ésta era practicada. Hoy, en cambio, Malinowski cree que bastará con los recaudos que él le sugirió al nuevo Gobierno: 1) garantía de que los prisioneros no serán torturados una vez transferidos al país designado y 2) exigencia un juicio regular. Pero, en realidad, de momento, el decreto de Obama apenas promete «revisar» la práctica de la «rendition» a fin de asegurar que los detenidos no sean enviados a países «donde puedan padecer tortura».
Pero las «renditions» no son el único claroscuro en la nueva política antiterrorista. En su audiencia de confirmación ante el Senado, el designado director nacional de Inteligencia, Dennis C. Blair, sugirió que algunos métodos de interrogatorio debían permanecer secretos para evitar que los potenciales adversarios se entrenen en resistirlos. ¿Qué habrán pensado los senadores demócratas, que reiteradamente afirmaron que esas normas secretas alentaban la sospecha de abusos contra los prisioneros?
Parece que la transparencia de los funcionarios no es el único ideal que choca con la realidad. Las decisiones tomadas en materia de revisión de la lucha antiterrorista son menos contundentes de lo que se creyó y para Obama sigue pendiente el desafío de demostrar que en él no hay divorcio entre el pensamiento y la acción.
Último dato para la ironía: John Brennan, primer candidato de Obama para dirigir la CIA, fue vetado por haber sido partidario de la «extraordinary rendition». El cargo recayó entonces en Leon Panetta.