La revolución que no fue: las tierras expropiadas en Venezuela, improductivas

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• ENTRE EL 85 Y EL 90% DE LAS FINCAS ESTATALES ESTÁN ABANDONADAS.
• LO RELACIONAN CON LA CRISIS DE ESCASEZ.

  Al primer objetivo que apuntó Hugo Chávez una vez que asumió el poder en 1999 fue a la reestructuración del sector agrario para lograr la tan mentada autosuficiencia alimentaria, en sus orígenes un plan dirigido a combatir los latifundios a fuerza de expropiaciones, pero que con el correr de sus gobernaciones -y sobre todo a partir de 2007- se ensañó con grandes y pequeños productores, al punto que fueron pocas las tierras que no quedaron bajo su escrutinio. Pese a las promesas, la mayoría de estas propiedades nunca fueron explotadas, y tanto perjudicados como expertos del rubro les adjudican a estas decisiones la actual crisis de desabastecimiento que acorrala a Venezuela.

"Se presentó un grupo de personas armadas, agresivas, nos botaron (echaron) bajo amenaza de que si volvíamos estábamos muertos", recordó Egildo Luján, director de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, sobre aquella jornada de octubre de 2010, cuando fue despojado de la finca "La Escondida", en el estado de Barinas, en conversación con Ámbito Financiero. "Mi caso fue extremadamente arbitrario. La finca, de 1.600 hectáreas, ya no es finca, es una selva nuevamente. Pasé por allí. No hay nada, ni casa, ni nada. Las vaqueras, las salas de ordeño, refrigeración, máquinas, animales, todo desapareció, alertó el también presidente de Fedecámaras Miranda.

A la fecha no se cuenta con estadísticas oficiales en las que se especifique la cantidad de terrenos que fueron tomados, si bien se estima en base algunas declaraciones públicas de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) y del Instituto Nacional de Tierras (INTI) que los predios serían 1.200, es decir, 5,7 millones de hectáreas.

Desde el punto de vista jurídico las autoridades argumentan haber realizado los procedimientos tal y como se establece en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada en 2001 por decreto. Sin embargo, sectores de la oposición denuncian una flagrante violación del artículo 115 de la Constitución -que establece el derecho a la propiedad- y la ausencia de indemnizaciones. "Han sido incautadas, no fueron expropiadas. Expropiar quiere decir que se paga el valor de la finca porque va a ser de utilidad pública, nosotros lo llamamos, en pocas palabras, un robo. El objetivo ha sido destruir la producción venezolana", aseveró Luján.

Más allá de los polémicos modos impuestos por Hugo Chávez para llegar a sus objetivos, y la continuidad ejercida por su sucesor, Nicolás Maduro, la empresa de llegar a la "soberanía alimentaria" naufragó desde la hora cero, y entre el 85% y el 90% los campos en cuestion son actualmente improductivos por motivos relacionados con su distribución entre la población y su posterior explotación. La falta de asesoramiento puntual a los beneficiados oriundos de centros urbanos pobres, sin experiencia o vocación en el trabajo de la tierra, o el nulo apoyo técnico o planificación de entes oficiales para quienes sí eran campesinos, llevaron rápidamente al caos.

Por otra parte, las fincas manejadas directamente por el Estado cayeron en una enorme red burocrática. "El fracaso ha sido la ineptitud técnica y gerencial sumada a una gigantesca corrupción administrativa", manifestó Luis Hidalgo Parisca, coordinador agroalimentario de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a este diario.

La paralización de los otrora negocios privados produjo un profundo impacto en la producción interna de alimentos y la consecuencia inmediata fue la ausencia de productos básicos nacionales en los supermercados. "Para explicar mejor la magnitud del alcance de la medida, debemos decir que Venezuela dispone de aproximadamente 34 millones de hectáreas de tierras con potencial agrícola vegetal, animal y forestal, es decir que en esta última década el Gobierno se apropió de alrededor del 15% de la superficie disponible", explicó Werner Gutiérrez Ferrer, profesor activo y exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia. "Hoy en día, Venezuela importa el 75% del maíz amarillo que consume, y el 50% del maíz blanco, en este último caso éramos autosuficientes hasta 2008. Es la mejor muestra de la ineficiencia de una medida realizada sólo con fines ideológicos y demagógicos". resaltó Gutiérrez Ferrer, también presidente de la Sociedad Venezolana para el Combate de Malezas.

De acuerdo con un informe de la Comisión de Alimentación del Colegio de Ingenieros del estado Zulia -de la cual Gutiérrez Ferrer es asesor-, la hacienda El Capitán, ubicada en la Serranía del Perijá, cercana a la frontera con Colombia, producía 5.000 litros de leche al día y vendía por año 1.500 novillos mestizos hasta que cayó en manos estatales. Hoy es un gran terreno baldío.

En el mismo documento, se detalla que en 1998 el Estado venezolano importaba en alimentos u$s 1.250 millones al año, mientras hacia 2014 se multiplicó hasta u$s 9.500 millones, al tiempo que alertó que el país está al borde de una crisis humanitaria por el estado de abandono del campo venezolano.

"Estos procedimientos de expropiación, confiscación, expoliación, o inclusive robo, demuestran que en el campo venezolano el productor no tiene seguridad jurídica, ya que todo el aparato del Estado representado en los distintos poderes públicos está al servicio de los lineamientos que emanan de la presidencia. Toda esta compleja situación de indefensión del productor venezolano genera un desestímulo a la inversión de recursos financieros privados en la agricultura y la ganadería del país", sostuvo Gutiérrez Ferrer.

No es casualidad que los rubros donde se produjo una caída más significativa en la producción interna, como carne, leche, arroz, café, caña de azúcar y maíz, correspondan a los sectores que más sufrieron las expropiaciones.

"Si se toman las acciones adecuadas, se tardaría cinco años para volver a equiparar los niveles, tanto para lo que respecta a la carne como a la leche. En 2000 había 27.000.000 de cabezas de ganado, hoy tenemos 8 millones", contó Egildo Luján. "No es torpeza, es un asunto programado para destruir el órgano privado del país", concluyó.

Las tomas afectaron a un gran abanico de propietarios, incluso a los pequeños y medianos que habían sido beneficiados con la anterior ley de reforma agraria. Prueba de eso fue el sonado caso del biólogo y productor agropecuario Franklin Brito, quien luego de ser expulsado de su "Fundo La Iguaraya" de 290 hectáreas, inició una cadena de huelgas de hambre que lo llevó a la muerte en 2010. Las tierras están abandonadas.

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