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La Rioja: queja ambiental expulsó a minera canadiense
Los habitantes de Famatina lograron impedir que la empresa minera iniciara la exploración en la zona y forzaron con su resistencia el freno a la actividad minera.
En los hechos, el gobernador del kirchnerista Luis Beder Herrera, a través de la empresa Energía y Minerales Sociedad de Estado (EMSE), y la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, firmó ayer la rescisión del contrato original. Sellado en agosto de 2011 para desarrollar las tareas de exploración con opción a producción de minerales en el denominado Proyecto Famatina, ubicado en el departamento homónimo, el acuerdo nunca se logró poner en marcha ante la negativa de los vecinos que desde los primeros días de 2012 impidieron con fuertes protestas el desembarco de la minera transnacional. "Si no hay licencia social para la exploración y desarrollo en toda el área del Proyecto Famatina, no habrá trabajo", confirmó en febrero de ese año la compañía en un comunicado publicado en inglés en su página de internet.
La definición parecía inminente, pero la señal política se hizo esperar. Quizá Beder Herrera ansiaba un respaldo desde la Casa Rosada que nunca llegó o un aumento sustancial del precio internacional del oro. Todo lo contrario.
A nivel nacional, el año minero comenzó con grandes proyectos en carpeta (entre los más avanzados figuraban el binacional Pascua Lama en San Juan y Potasio Río Colorado en Mendoza, y lejos del podio por su inversión inicial y potencial, Cerro Negro en Santa Cruz). En menos de seis meses, el escenario se oscureció.
Por un lado, la canadiense Barrick Gold postergó la construcción del proyecto sanjuanino ante los serios cuestionamientos por posibles afectaciones ambientales del lado chileno y, también, por la fuerte caída del precio del oro. Por otra parte, el destino del megaemprendimiento mendocino es todavía incierto, luego de que la empresa brasileña Vale decidió abandonarlo por problemas financieros a pesar de haber construido un 65% del yacimiento. Y, por último, la iniciativa santacruceña de la canadiense Goldcorp peligra tras la reciente sanción de una ley propuesta por el gobernador Daniel Peralta, que crea un nuevo impuesto inmobiliario para las empresas mineras que operan en la provincia que afecta en gran medida la rentabilidad.
Más allá de las variables macroeconómicas y los permisos ambientales, la firmeza política que impulsó la creación de la Organización Federal de Estados Mineros en el arranque de 2012 no se respira actualmente. Entre otras decisiones, el cepo al dólar y las trabas aplicadas por el Banco Central a las multinacionales que pretenden girar dividendos a las casas matrices influyeron en la tendencia que se refleja hoy por hoy en la rotunda caída en los niveles de exploración.

