Lavado: concentra más poder la UIF

José Sbatella

La Unidad de Información Financiera (UIF) sumó ayer nuevas atribuciones para ir tras lavadores de dinero. De ahora en más será el "canal exclusivo de intercambio de información" sobre "lavado de activos y financiación del terrorismo", según una resolución de la UIF publicada ayer en el Boletín Oficial. El organismo que conduce José Sbatella pasará a integrar datos provenientes del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

A esas instituciones se sumarán, según expresa la resolución, "los organismos que cumplan funciones similares a los mencionados en otros países, las unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros", de acuerdo con el texto oficial. Se trata de una regulación en sintonía con el plan de seducción que despliega la UIF ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La próxima cita clave en París será en el mes de junio, cuando el Gobierno aspira a que el país deje de estar en la nómina de monitoreo semestral por parte del organismo multilateral.

Semanas atrás la UIF relanzó la relación con el FINCEN, su contraparte en Estados Unidos, mediante la firma de un memorando de entendimiento. Al mismo tiempo estableció un convenio con la Inspección General de Justicia (IGJ) para cruzar datos, acciones que le suman puntos al país en la Red Egmont, el ámbito que nuclea a los diversos entes de control de lavadores.

Además de lograr mejoras en la celeridad con la cual se procesa la información, los técnicos del organismo antilavado pretenden un mayor control sobre la confidencialidad de sus expedientes, un aspecto que, según entienden, otros organismos, como la IGJ, actualmente conducida por Norberto Benner (además, director por el Estado en Telecom) han descuidado.

Según explicó Sbatella, la información que recibirá la UIF por parte de los organismos especificados en el Boletín Oficial "pasa por una matriz de riesgo, que es la última tecnología que aplicamos todos los miembros plenos del GAFI para saber si ese dato tiene antecedentes". Luego añadió: "Los técnicos de la UIF la cargan en una base de datos y se verifica si la persona ya estaba bajo un seguimiento especial; si la persona es argentina y no tiene antecedentes en el país, la información no va al archivo sino que se espera que surja otro dato para asociarlo y reactivar la investigación".

En 2012, según datos de la UIF, el organismo se presentó como querellante en 18 causas judiciales y colaboró en más de 70. Sin embargo, no hubo condenas (aunque sí una docena de detenciones). En este sentido jueces y fiscales federales continúan señalando falta de atribuciones para ir tras los lavadores, especialmente en el momento de abordar el delito que origina los fondos.