Lavado: habilitan acción de la Justicia provincial

La cámara penal de Rosario consideró que no existe impedimento legal para que intervengan jueces locales en el trámite de este tipo de causas.

La Cámara Penal de Rosario resolvió que la Justicia santafesina es competente para investigar delitos vinculados al lavado de activos. La decisión de la Cámara establece que la competencia federal para actuar en este tipo de delitos es de excepción y que, salvo cuando exista un conflicto explícito entre los ámbitos nacional y provincial, no hay impedimento legal para que intervengan jueces de esta última órbita en el trámite de estos casos.

Según publicó ayer el diario La Capital, el pronunciamiento, que no es definitivo, es un precedente relevante para las investigaciones que apuntan a los bienes que atesoran las organizaciones criminales, las que obtienen sus beneficios económicos a través de acciones violentas, que impactan fundamentalmente en los territorios locales.

La idea que moviliza a algunos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es que, poniendo la mira en los bienes que generan las bandas, con la finalidad de desapoderarlos de ellos, la violencia que generan estos grupos pierde sentido, por lo que el camino para desalentar las acciones cruentas como homicidios, usurpaciones, balaceras o robos violentos es investigando casos de lavado enteramente dentro de la provincia.

El caso que motivó el pronunciamiento es un incidente de lavado de activos atribuido a un grupo de la zona norte de Rosario, conocido como Los Romero, implicados en reiterados hechos de violencia. El cabecilla de este grupo -Hernán Ramón Romero, para quien solicitaron 20 años de prisión por robos y entraderas en 2018- está acusado de lavado de los botines de los atracos, que superaron los dos millones de pesos, junto a Jorge Martín, un comerciante señado de venderles bienes.

Días atrás, Máximo Ariel “Guille” Cantero, el detenido líder de la narcobanda rosarina “Los Monos”, y otras siete personas entre ellas su padre, fueron procesadas por lavado de activos provenientes de la venta de drogas mediante la compra de autos, camionetas, motos, embarcaciones e inmuebles. Sin embargo, en ese caso, el procesamiento fue dispuesto por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque.