Ley antilatinos puede costar caro a Arizona

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Phoenix - En su filme estrenado en 2004 «Un día sin mexicanos», el realizador Sergio Arau hacía un relato satírico del caos que se desataba en California cuando de pronto, un día, desaparecían misteriosamente todos los mexicanos que en las sombras realizan trabajos vitales para una comunidad ordenada.

En aquel entonces ni siquiera se sospechaba que otro estado norteamericano, como Arizona ahora, estaba a punto de aprobar una ley migratoria, la SB1070, que está provocando un fuerte éxodo de inmigrantes, tanto legales como ilegales, con unos costos, más allá de los humanos, difíciles de predecir.

Y no sólo porque la comunidad inmigrante, que en Arizona supone al menos el 7% de la población, contribuye con sus trabajos en áreas normalmente desestimadas por estadounidenses al sostén económico de la región.

La controvertida normativa fue tachada por sus detractores como «discriminatoria» por instar a los agentes comprobar el estatus migratorio de cualquier persona si tiene una «sospecha razonable» -que se teme sean cuestiones como la raza o el acento- de que se encuentra en el país de forma ilegal.

Temores que desataron una oleada de protestas que ya sobrepasan lo político y ahora atacan a un flanco más frágil en momentos de recesión: el económico.

Ciudades como Boston, Los Angeles, San Francisco o Seattle ya aplican un boicot económico a Arizona. La respuesta fue una campaña conservadora que bajo el nombre de «buycott» (juega con las palabras buy, comprar, y boicot) llama precisamente a los que apoyan la ley a acudir a este estado fronterizo a hacer compras masivas. Sin embargo, no logró arrancar con éxito.

Una vocera de la Asociación Hotelera de Arizona afirmó al periódico que al menos 40 conferencias y grandes reuniones agendadas en el estado habían sido canceladas, con un costo para el sector hotelero de al menos u$s 12 millones. Todo eso sin contar el «impacto» en negocios aledaños como restoranes, locales y empresas de alquiler de vehículos, puntualizó.

Pasos atrás

«Tuvimos un increíblemente fuerte primer trimestre en 2010. Luego llegó la SB1070 y nos hizo ir dos pasos atrás», declaró.

Otro experto del sector advirtió además del peligro de que grandes empresas consideren retirarse del estado o no realizar inversiones planeadas por la mala publicidad que podrían significarles. «Las compañías no quieren verse atrapados en medio de todo esto», señaló al diario Arizona Central.

Los defensores de la normativa aseguran no obstante que puede ayudar a la creación de empleos «estadounidenses» ya que la partida de inmigrantes -o las fuertes consecuencias que la ley prevé para quienes empleen a indocumentados- dejarían opciones de trabajo a nacionales que hasta ahora no podían competir con la mano de obra barata que supone la inmigración.

Claro que en pocos países hasta ahora se ha visto un beneficio directo -o cuanto menos lo suficientemente relevante- de una caída de la inmigración, debido a que los extranjeros que acuden a un país a trabajar suelen ocupar empleos que no desean para sí los nacionales.

Otro argumento es un previsto fuerte ahorro en sectores como la salud -bajo el argumento de que una desbandada de inmigrantes haría que los hospitales dejaran de tener que asistir de forma gratuita a tantas personas- o en educación, ya que los inmigrantes suelen enviar a sus hijos a escuelas públicas de por sí agobiadas por falta de recursos.

Agencia DPA

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