Lifschitz apura el acceso a la información pública

Pablo Farías

 Santa Fe - En línea con la discusión que se dará en el Congreso nacional, el gobernador socialista Miguel Lisfchitz presentó ayer un proyecto de ley de acceso a la información pública que ingresará hoy en la Legislatura de Santa Fe.

"Esperamos un rápido tratamiento porque contribuye a crear un marco normativo de transparencia, que es hoy la demanda más importante de la sociedad", destacó Lifschitz, quien anunció el envío de la iniciativa junto al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías.

"Más allá de las dificultades económicas que afectan a la ciudadanía, la demanda social más arraigada y profunda tiene que ver con la necesidad de moralizar y transparentar la actividad pública y de volverla a poner en sintonía con los valores éticos y morales de la sociedad", señaló el mandatario del Frente Progresista (unión de socialistas y radicales).

Lifschitz además recordó que "cuando asumió en la provincia el exgobernador y actual diputado nacional Hermes Binner (2007-2011), el Gobierno santafesino dictó un decreto de acceso libre a la información pública", que "sólo obligaba o involucraba al Ejecutivo provincial, pero fue importante porque se tomó la iniciativa en el tema".

El proyecto, además de incluir a los tres poderes del Estado santafesino, suma a organismos o entes descentralizados de la Administración Pública, municipalidades, entes autárquicos o descentralizados y comunas, defensor del pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, personas jurídicas públicas de carácter no estatal, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y sociedades de economía mixta y organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control de la voluntad social o en la formación de las decisiones societarias, entre otras.

La iniciativa también impone un esquema de "transparencia activa", para los datos que "en forma automática deben publicar los sujetos obligados, en sus sitios de internet, en forma accesible, gratuita, actualizada y procesable por medios automáticos".

En tanto, se establecerán plazos y formas para responder las peticiones ante cada solicitud de información, y éstas se podrán realizar en el organismo correspondiente o ante la autoridad de aplicación a elección del peticionante.

Atada a esa obligación se encontrará la responsabilidad de los funcionarios públicos o agentes responsables de cada área o repartición que no cumplan los deberes impuestos por la futura norma: ante la falta de respuesta a una solicitud, la entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta, o el incumplimiento de los requerimientos expedidos por la autoridad de aplicación, se podrán aplicar sanciones que arrancarán con un apercibimiento y llegarán a suspensiones y cesantías.