México - Los senadores de México alcanzaron ayer un preacuerdo para aprobar la creación de una nueva fuerza de seguridad, la llamada Guardia Nacional, en ese país tan golpeado por el narcotráfico. Sin embargo hubo cambios a la propuesta original planteados por la oposición y defensores de derechos humanos.
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López Obrador logró respaldo para la nueva Guardia Nacional
La fuerza asumirá la seguridad de México en un plazo de cinco años. La Policía Federal desaparece de facto y el Ejército cumplirá temporalmente sus tareas.
“Llegamos a un entendimiento por unanimidad, todos los grupos parlamentarios sin excepción acordamos un proyecto modificado que vamos a enviar a la mesa directiva del Senado”, explicó Ricardo Monreal, líder de la bancada del partido oficialista Morena. La propuesta, que sufrió unas 20 modificaciones, se enviará al pleno del Senado donde será votada sin debate previo y también por unanimidad, explicó Monreal, según lo acordado en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.
Aunque el partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene mayoría simple en el Congreso bicameral, la iniciativa requiere de modificaciones constitucionales que exigen una mayoría calificada, equivalente a dos tercios del quorum, por lo que debió ser negociada con la oposición.
Debido a los cambios, la iniciativa debe ser ratificada por los diputados y contar después con el apoyo de al menos la mitad de los Congresos de 32 estados que conforman México.
Entre las principales modificaciones están que tanto el mando operativo como administrativo de la Guardia Nacional quedarán en manos de autoridades civiles, a diferencia de la propuesta previa que dejaba la operación a los militares y la administración a los funcionarios.
También se limita a cinco años el período de transición en que se autoriza a los militares a hacerse cargo de labores de seguridad pública en tanto se consolida la nueva organización, un rechazo a uno de los pedidos del propio López Obrador, que prefería no imponer límite de tiempo. Así que mientras que el Estado selecciona a los integrantes del nuevo cuerpo, la Policía Federal desaparece de facto.
La principal advertencia de los opositores a su creación es que otorga rango constitucional y no ofrece salidas a la militarización de la lucha contra el crimen organizado en México, vigente desde finales de 2006 y que considera el origen de un alza en los asesinatos, las desapariciones y las violaciones a derechos humanos.
Agencia AFP y Ámbito Financiero


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