Los cacelorazos, abucheos y bocinazos que tronaron el domingo a la noche en vastas regiones del país mientras la mandataria defendía en cadena nacional el drástico e ineludible ajuste fiscal con el que inauguró su segundo Gobierno se perfilan como un tímido aperitivo de lo que promete ser, el domingo próximo, una manifestación convocada por diversos sectores que exigen su salida.
"El Gobierno debe prepararse para algo mayor e imprevisible", advirtió ayer el analista del diario Folha de Sao Paulo Igor Gielow.
Según el columnista, "lo que se vio el domingo a la noche fue una impresionante manifestación pública de rechazo" a la presidenta, al tiempo que revivió el "fantasma" de las protestas que sacudieron al país en junio de 2013.
El rechazo a la mandataria ya había sido esbozado el mes pasado, cuando una encuesta reveló que la popularidad de Rousseff cayó 21 puntos porcentuales entre diciembre y febrero, ubicando la aprobación de su Gobierno en un magro 23%.
La protesta fue combinada a través de las redes sociales y ocurrió en forma simultánea al discurso de Dilma, quien dijo que la crisis económica es "pasajera" y pidió "paciencia y comprensión" a la población para enfrentar los efectos del ajuste fiscal -que incluye aumento de impuestos y reducción de beneficios fiscales y laborales- los cuales, afirmó, son "soportables".
El discurso tuvo como telón de fondo la reciente divulgación de los nombres de 47 políticos, mayormente oficialistas, que están bajo sospecha de haberse beneficiado con los sistemáticos y voluminosos desvíos de fondos en Petrobras.
La nómina fue divulgada el viernes e incluye a cinco exministros de Rousseff, entre ellos su exjefe de gabinete Antonio Palocci. El también exministro de Hacienda durante el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva fue acusado por un implicado en los fraudes de haber pedido dos millones de reales (casi 700.000 dólares), fruto de los desvíos, para la campaña electoral de Rousseff de 2010.
También serán investigados los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. Ambos integran el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal socio del Gobierno.
La combinación de decenas de políticos oficialistas bajo sospecha de ser cómplices de los millonarios saqueos a la empresa pública símbolo de Brasil con el pedido de "sacrificio" que Rousseff hizo a la población para soportar medidas de austeridad que no fueron claramente mencionadas durante la campaña electoral configura una suerte de cóctel explosivo que no permite que se descarte, según analistas, la destitución de la presidenta.
En tal sentido, el columnista del diario O Estado de Sao Paulo, Denis Lerrer Rosenfield, sostuvo ayer que es precisamente la posibilidad, aunque por ahora remota, de que Rousseff sea destituida la que llevó a que Lula prácticamente se haya postulado como candidato para los comicios de 2018.
El analista se refiere a declaraciones hechas por el exmandatario poco después de que Rousseff conquistara su segundo Gobierno, en las que no descartó volver a competir por regresar al poder.
Según explicó Lerrer, si prospera un movimiento en pro de la salida anticipada de Rousseff y de su vice, Michel Temer, se deberá llamar a nuevas elecciones nacionales. Esta situación, agrega, "no desagradaría" al PT, que "aun teniendo la pérdida del 'impeachment' intentaría rehabilitarse electoralmente con Lula".
"Esta es la razón, como plan B, de que Lula ya se haya lanzado a candidato a presidente. Las urnas acababan de ser computadas y ya surgió un candidato para 2018. ¿Será realmente para 2018? Sucede que no hubo precipitación, sino un cálculo de que Dilma podría no cumplir la totalidad de su mandato", concluye.
| Agencia DPA |
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