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Macri busca dos años con menos control en su gestión
Mauricio Macri, ayer, con los representantes de la Mesa de Enlace, durante una reunión en el Palacio de Gobierno porteño.
Según el auditor porteño Eduardo Epszteyn (K), "de ahora en más no se requerirá justificación ni, necesariamente siempre, 3 presupuestos mínimos antes de concretar una compra ni tampoco deberán publicarse las adjudicaciones ni llamados en el Boletín Oficial", de acuerdo con las modificaciones de la Ley de Compras a la que se agregó además un mecanismo de redeterminación de precios más blando.
"Los cambios en líneas generales son una verdadera vergüenza porque, por ejemplo, no hay obligación de justificar que se trata de circunstancias "objetivas"; el motivo por el que no se vuelve a convocar a una licitación en caso de que ésta haya resultado desierta o fracasada; o que se trata de productos con exclusividad de algunos proveedores cuando no hubiera sustitutos convenientes", dice el auditor.
En cuanto a la redeterminación de precios, se podrá hacer a solicitud del contratista cuando los costos de los factores principales que los componen "reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un 7% a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda", entre otros puntos.
A ese conjunto de normas, Macri agregó también la traba que quiere poner el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al crecimiento de la militancia paga con cargos, pero de la oposición. Por eso, el jueves pasado se votó, dentro del pedido de una ampliación presupuestaria para este año por más de $ 1.200 millones, una cláusula que impide a los funcionarios que se van de los organismo externos de control pasar personal que hasta ahora tienen como contratado o en planta transitoria a la planta permanente.
Es el caso de la Defensoría porteña o el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Capital Federal que renuevan ahora su staff. Casi será un alivio para los que ingresan, rivales al macrismo, que podrán hacer sus propios nombramientos, pero evitaría así Macri lo que suele llamarse "capas" de personal que va quedando y sumando a los sueldos que paga la administración porteña.
El último envío, que se conoció ayer, pide que se declare la emergencia en el servicio de subterráneos por cuatro años más, para evitar el proceso de licitaciones, por ejemplo. Cuando los subtes pasaron a la órbita de la Ciudad, la ley marco que envió el jefe porteño solicitaba ese plazo, pero la Legislatura no lo aprobó. Ese poder será, si se aprueba el proyecto, para la estatal Subterráneos de Buenos Aires.
Según los fundamentos de ese proyecto que extendería la emergencia en el servicio, "tiene como propósito inicial desarrollar un sistema de transporte subterráneo que satisfaga las necesidades operativas y de calidad del servicio para los usuarios, previéndose continuar con la ejecución de obras que abarcan las estaciones existentes y sumar obras de nuevas estaciones que se incorporarían a la red, así como continuar con el reacondicionamiento del material rodante existente y efectuar nuevas adquisiciones".
Como sea, Macri apunta a deshacerse de eventuales trabas que requieran de controles excesivos, en los dos últimos años de su mandato al frente de la Ciudad, mientras ya inició su campaña a presidente para 2015, la cual la quiere sustentar en la gestión del distrito que gobierna.


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