Macri, cerca de eludir caso por escuchas

 El juez federal Sebastián Casanello clausuró ayer su investigación sobre Mauricio Macri en la causa por las supuestas escuchas ilegales en el Gobierno porteño. De este modo el caso irá a juicio pero ya sin Macri. Ahora la clave para la situación procesal del nuevo presidente pasa por la decisión del fiscal Jorge Di Lello que puede avalar la decisión o apelarla.

Casanello, que reemplazó a Norberto Oyarbide en el caso, decidió no hacer un nuevo pedido a la justicia estadounidense luego de que esta rechazara colaborar con información de la empresa de seguridad AckermanGroup que aparece en el expediente. El juez corrió traslado a las partes con la consulta de si eran necesarias nuevas medidas de prueba y al no tener respuesta dio por cerrado el capítulo referido a Macri.

El rechazo de las autoridades estadounidenses a colaborar reabre un debate habitual en la justicia argentina sobre las objeciones que exponen los tribunales norteamericanos para acceder a prestar ayuda en los expedientes que tramitan en el país. El principal motivo que suelen esgrimir es que las causas de la justicia argentina casi nunca presentan un grado de avance que supere el análisis de admisibilidad estadounidense. Una negativa permanente que tiene dos explicaciones: por un lado los códigos que regulan ambos ordenamientos jurídicos en materia penal son muy dispares y al mismo tiempo, salvo contadas excepciones (una de ellas es la de Casanello), los juzgados argentinos no suelen tener el personal idóneo para el tramite que antes de llegar a una corte de Estados Unidos pasa por el Ministerio de Justicia aunque allí no se lo somete a ningún tipo de revisión.

Detalles técnicos a los cuales se suma otro dato de la realidad: el vinculo entre ambos poderes judiciales carece de reciprocidad. Mientras la justicia estadounidense no tiene pedidos para sus pares argentinos, los jueces locales viven requiriendo información a ese país desde cuentas bancarias, hasta datos de cuentas de correo electrónico cuyos empresas rpopietarias también son recelosas de sus datos. Algo que en los últimos días la fiscal Viviana Fein está comprobando en su intento de dar con una cuenta de e-mail del fiscal Nisman.

En esta causa Casanello ha desarrollado un rol presente en los papers de diversas reformas procesales pero que todavía no existe como tal: el del juez intermedio que se ubica entre el que investiga y el tribunal que juzga. Casanello ocupó ese espacio porque fue nombrado en el juzgado que antiguamente subrogaba Oyarbide que fue quien definió los procesamientos. Al juez más joven del fuero le tocó definir sólo sobre las elevaciones a juicio.

En 2014 la Cámara Federal confirmó la medida de prueba que el juez consideraba necesaria antes de definir el destino de Macri: conocer los servicios que la firma Akerman (dedicada a temas de seguridad y que supuestamente habría pinchado los teléfonos del cuñado del alcalde) le prestaba a la familia del nuevo presidente. Sin acceder a esos datos, por decisión de las autoridades norteamericanas, la espera ya no tenía destino.