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Macri desempolvó jury para apartar a juez de caso espía
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; y el nuevo embajador de Brasil, Enio Cordeiro, ayer en el Salón Blanco del Palacio Municipal.
La solicitud para que el juez se inhiba de seguir al frente de la causa la formuló el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, quien como Macri y el ex funcionario Mariano Narodowski está citado a indagatoria para los próximos días.
Oyarbide ya procesó al ex jefe de la Policía porteña Jorge «Fino» Palacios y al ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad, el supuesto espía Ciro James -un abogado y policía de la Federal que tramitaba su ingreso a la Metropolitana cuando fue detenido en octubre pasado-, por considerarlos integrantes de esa banda que supuestamente se dedicaba a realizar escuchas ilegales, practicadas entre otras, al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, al empresario Carlos Avila, a un prestigioso estudio de abogados y al cuñado del jefe de Gobierno, Néstor Lorenzo, dentro de unas 400 que habría realizado a través de pedir la intervención de los teléfonos a la SIDE a un juzgado de la provincia de Misiones.
Argumentos
Montenegro apuntó con argumentos que consideró contundentes para promover el alejamiento de Oyarbide del expediente. Para eso el funcionario desempolvó una causa en la cual fue fiscal y le imputó a Oyarbide 16 presuntos delitos en torno al caso de detención del abogado Mariano Cuneo Libarona relacionada con la investigación del atentado a la AMIA y recordó que la mayoría de esas imputaciones se relacionaban con escuchas telefónicas. Fue en un expediente que se inició en 1997, pero la presentación se realizó en 2001. En ese momento el magistrado, hoy a cargo de la causa del espionaje porteño, atravesaba un pedido de juicio político que finalmente no prosperó. El ex juez Montenegro, siendo entonces fiscal, solicitó la indagatoria de Oyarbide acusándolo de haber pedido escuchas telefónicas «sin fundamento legal» y realizar pinchaduras.
Ayer a la mañana, Montenegro se presentó en los tribunales federales patrocinado por los letrados Fabián Musso y Ana María García -esposa del procurador de la Nación Esteban Righi, titular del estudio jurídico en el cual también se desempeña la esposa del ministro de Macri-. En un escrito de 10 páginas el funcionario sostuvo que solicitaba la inhibición de acuerdo al Código Procesal Penal que prevé que los magistrados tomen esa determinación «si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos».
Finalmente los defensores de Montenegro piden que Oyarbide se excuse «de seguir interviniendo», solicitan se tenga por presentado la recusación y que «para el caso que el señor magistrado no admita la recusación, se resuelva por el órgano competente haciendo lugar al apartamiento solicitado».
Oyarbide rechazó la petición y debe ahora resolverlo la Cámara, pero mientras se realiza ese trámite sólo afecta a Montenegro, es decir, el juez puede continuar con las otras indagatorias programadas.


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