Macri otorga más que Kirchner a empresarios de las apuestas

Ya está listo el nuevo acuerdo entre el gobierno nacional y el porteño para repartirse por mitades las ganancias del juego; sólo tiene que aprobarlo la Legislatura de la Ciudad.

Mauricio Macri busca que esta semana, en tiempo récord, los legisladores de PRO encuentren los votos necesarios para aprobar el más polémicos de todos los proyectos de ley que hasta ahora ha presentado. Necesita aprobar un convenio acerca del juego en la Ciudad de Buenos Aires, que le otorga al Gobierno nacional y a los empresarios del rubro mucho más que lo que Néstor Kirchner imaginó cuando antes de dejar la presidencia alargó y mejoró el negocio de las tragamonedas con un decreto que contradice la potestad que, sobre la materia, le otorga la Constitución de la Ciudad al distrito.
El convenio del Instituto del Juego con Lotería Nacional, en parte, es la prolongación del primer acuerdo que se celebró, en 2003, durante la gestión de Aníbal Ibarra, para que la Capital Federal reciba parte del dinero de las apuestas. Mientras tanto, se dirime en los tribunales a quién corresponde la competencia, pero Macri va más allá con el acuerdo, al punto que por su contenido, la elevación del mismo para ser refrendado por los legisladores fue retenida por Gabriela Michetti. La vicejefa, estando a cargo de la Ciudad en ausencia de Macri, no habría querido ser la autora de promover semejante propuesta.
Es que la addenda que debería ser votada antes del Presupuesto 2009 le concede a Lotería Nacional no sólo el control del juego por cinco años más con opción a otros tantos, sino que impone que el Gobierno porteño acuda a los jueces para renunciar a todas las consideraciones sobre «constitucionalidad de las normas».
Además, le permitirá a Lotería -es decir al Gobierno nacional- la expansión de todo tipo de actividad lúdica, incluidos los juegos por internet que la Justicia local viene prohibiendo y hasta, si se quiere, un nuevo casino, aunque la ley local, 538, lo prohíba expresamente.
El documento está armado de tal manera que garantice «la seguridad jurídica» a los empresarios del sector, que, de acuerdo con la addenda mantendrán sus concesiones y ampliaciones aunque el acuerdo no exista más. La colocación de 1.500 tragamonedas nuevas autorizadas por Néstor Kirchner no parecen nada ante la generosidad desmedida de Macri para el desarrollo de la actividad, todo con el argumento de que se favorecerá el flujo de fondos para los sectores carenciados, hacia donde irá la ganancia que tomarán Lotería y el Instituto del Juego de la Capital Federal, por partes iguales. Según los cálculos en el Presupuesto, por ahora esa suma será de cerca de $ 340 millones anuales. La mayoría de los legisladores cree que deberá ser más, aunque es cierto que la Ciudad recibirá más que hasta ahora por las apuestas, pero también concederá mucho más que hasta el momento, ya que ni siquiera podría pelear ante la Corte sus competencias jurisdiccionales sobre el azar.
El documento circuló formalmente a partir del viernes pasado, tras el arribo de Macri al país el jueves. Por eso muchos legisladores aún no lo analizaron. La idea es que se sancionen el Presupuesto y las leyes tributarias el jueves que viene, pero antes el convenio. Aparentemente -ya que nadie tiene certeza aún- la aprobación debería contar con 40 votos, mayoría especial por tratarse de una suerte de concesión mayor a cuatro años. Para otros, con mayoría simple alcanzará para aprobar un convenio si se tiene en cuenta que, en definitiva, las concesiones las hará el Gobierno nacional y no el de la Ciudad. Ya hay legisladores en PRO que no aprobarán la norma tal cual está, pero eso no será un problema para Macri porque el kirchnerismo le ofrecerá todos los votos que tiene y así con la mitad del PRO ni siquiera haría falta un despacho previo para debatir la cuestión en el recinto.
Los puntos que parecen más complicados de explicar son las cláusulas cuarta y octava del contrato. La primera dice que «como consecuencia de la nueva distribución fijada» -50% para cada distrito- «se establece que Lotería estará facultada para realizar las acciones que estime pertinentes a fin de asegurar en el tiempo un flujo de fondos suficiente para evitar que la distribución de los fondos provenientes de utilidades líquidas y realizadas» se vean afectadas. De ese modo da libertad para cualquier iniciativa en procura de dinero para la ayuda social, y como ejemplo menciona «la ampliación y/o prórroga de las autorizaciones y concesiones».
La cláusula octava dice que las partes están de acuerdo en generar más recursos «destinados al cumplimiento de necesidades de bien común» y que para eso «será indispensable otorgar un nivel de seguridad jurídica que favorezca la realización de inversiones en los juegos existentes y en los que en el futuro se desarrollen». Considera entonces «para despejar toda incertidumbre» que los socios (Lotería y Capital Federal) «acuerdan que si el convenio o esta addenda fueren rescindidos» o por cualquier motivo cesa su vigencia, «tanto Lotería como el Instituto se obligan a respetar los términos y condiciones de las concesiones y permisos que amparen a los juegos existentes a la fecha».