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Madres debe indemnizar antes de derivar obras
La Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, deberá indemnizar a trabajadores antes de transferir las obras.
La inquietud surgió en las empresas del sector de la construcción. Los ejecutivos dijeron no haber recibido comunicación oficial alguna acerca del posible traspaso de las obras y estar enterados de la movida sólo por notas periodísticas. Este fin de semana se supo que el Gobierno había resuelto quitarle a Madres las construcciones de viviendas en ejecución y derivar el manejo a las intendencias y provincias, con el monitoreo del Ministerio de Planificación.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, evaluó que las empresas asentadas en los distritos donde haya obras en marcha no tendrán mayores problemas en continuarlas. Aunque aclaró que para ello será una condición ineludible que los operarios sean indemnizados bajo los términos de la Ley 22.250, que rige la actividad. «Si esto no sucede, en lo legal no se rompe el vínculo con el anterior empleador y es inviable tomar al trabajador en otra empresa», añadió Wagner.
En el capítulo V de la normativa, que data de 1980, se crea un Fondo de Desempleo constituido por «un aporte obligatorio a cargo del empleador, que deberá realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral» y que equivale, en el primer año, al 12% de la remuneración total mensual. A partir del segundo año, el monto se reduce al 8 por ciento.
El denominado Fondo de Cese Laboral debe ser entregado al trabajador de manera inmediata una vez finalizado el vínculo con la compañía, ya sea por su renuncia o bien por su despido. Esos recursos no pasan por la Administración Nacional de la Seguridad Social, como sucede con el seguro de desempleo vigente en el resto de la actividad laboral, sino por una entidad que integran la cámara patronal y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA): el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).
En el sindicato que lidera Gerardo Martínez dijeron tener constancias de numerosas denuncias acerca de posibles incumplimientos por parte de Madres de Plaza de Mayo en la constitución del Fondo de Cese. De hecho, ese argumento fue esgrimido por los manifestantes que en los últimos días realizaron protestas con cortes de avenidas o frente a las obras de la Fundación.
Cuando uno de ellos encaró a Hebe de Bonafini durante su presencia en la Plaza de Mayo, la dirigente le contestó: «Andá a reclamarle a Sergio Scholender».
Tanto en el Gobierno como en los tribunales donde se investiga el escándalo judicial temen que parte de los supuestos desmanejos atribuidos al exapoderado de Madres tenga que ver con la falta de cumplimiento en los aportes obligatorios. Las sospechas están centradas en aportes jubilatorios y fondos de Cese impagos. Incluso, una de las líneas de investigación en la causa que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide junto con los fiscales Jorge Di Lello y Raúl Pleé apunta a un posible desvío de los fondos que debían tener ese destino hacia otros fines, como supuestas operaciones inmobiliarias o compras de vehículos y bienes de lujo.
La sospecha frente a posibles faltantes en los fondos indemnizatorios conduce a la siguiente pregunta, sobre quién debería hacerse cargo. «Si el empleador no paga el Fondo de Cese Laboral el que debería hacer frente es quien encargó la obra», evaluó Wagner. En el caso de Madres, la línea apunta al Gobierno nacional, que estableció los acuerdos con la Misión Sueños Compartidos, así como a los municipios y provincias en los que la organización encaró proyectos. Madres mantenía hasta la semana pasada en ejecución obras en seis provincias y en la Capital Federal.


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