Madres: juez dice que los informes se contradicen

El juez federal Norberto Oyarbide dijo que «no coinciden» los informes que le enviaron el Ministerio de Planificación y la Fundación Madres de Plaza de Mayo respecto de las obras de construcción de viviendas encaradas por la entidad. El magistrado se lo comentó a este diario al término de una inspección que ordenó sobre obras en tres barrios de Tigre desarrolladas por la fundación que preside Hebe de Bonafini, una de ellas en la villa Garrote.

«La causa parece estar en un letargo, pero nada de eso; hay un movimiento increíble. Se trata de muchas personas y muchas sociedades, y también parece haber mucha habilidad operativa», agregó Oyarbide, en alusión a los posibles sospechosos. El juez se refirió de este modo a la documentación que recibió, además de Planificación y de Madres, del Banco Central y de los peritos contadores de la Policía Federal. En paralelo, aguarda el inicio de un estudio más abarcativo de las obras por parte del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema junto con especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

El magistrado investiga la causa principal en contra del exapoderado de la fundación Sergio Schoklender, por presunta defraudación en el manejo de fondos públicos que debían ser destinados a la edificación de viviendas sociales. Las obras también son el centro de otra causa, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, aunque en este caso los imputados son Bonafini, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Paralelamente, Martínez de Giorgi recibió por sorteo una denuncia del exapoderado en contra de Oyarbide por presunto prevaricato y retardo y denegación de justicia. La denuncia lleva la firma de Viviana Sala, su exmujer, y cuenta con el patrocinio legal del propio Schoklender. Martínez de Giorgi aceptó este lunes como querellante a Sala. Schoklender intentará usar este paso a su favor, en su estrategia por apartar a Oyarbide de la causa que más le preocupa.

Mientras tanto, tanto el juez como el fiscal Jorge Di Lello avanzan en la elaboración de las posibles indagatorias, en principio previstas para los primeros días de diciembre. «Hasta tanto no tenga una valoración completa de los informes que estoy recibiendo, no voy a realizar ninguna convocatoria», agregó Oyarbide en diálogo con este diario.

Respecto de la inspección ocular en Tigre, el magistrado dijo haber concurrido junto con «ingenieros, arquitectos y técnicos para evaluar en qué punto están las obras, su desarrollo en función del dinero entregado y de qué manera fueron retomadas» luego del escándalo judicial que provocó un parate en las edificaciones.

Ante la decisión del Gobierno nacional de continuarlas con otras empresas -aunque en algunos casos fue la propia Fundación Madres la que volvió a ejecutarlas-, Oyarbide planteó la necesidad de establecer el estado en que se encontraban al momento de iniciarse la causa, de modo tal de analizar si hubo incumplimientos en los contratos.

«Estoy manejando toda la información que me enviaron Planificación y los propios responsables de Madres. Lo llamativo es que en algunos puntos no coinciden», destacó Oyarbide. Las posibles inconsistencias amenazan con complicar la situación tanto de Bonafini y de Schoklender como de los subsecretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, y de Obras Públicas, Abel Fatala, que en junio pasado se presentaron ante el Congreso y dieron cuenta del desarrollo de las edificaciones a cargo de Madres.

En tanto, Schoklender avanzará hoy en su intento por separar a Oyarbide de la causa. Le dijo a este diario que llevará «nuevas pruebas» de presuntas irregularidades imputadas al magistrado, entre las que mencionó «un posible ocultamiento de datos» al fiscal de la unidad especial antilavado Raúl Pleé, que interviene en el expediente principal por pedido del juez y de Di Lello.

Con la aceptación como querellante de Sala por parte de Martínez de Giorgi, y si se suma el hecho de que Schoklender es el abogado de su mujer, el exapoderado cree que, de avanzar la denuncia, Oyarbide tendrá que excusarse de continuar con la instrucción de la causa principal.