Caracas - La Asamblea Constituyente que rige Venezuela dispuso ayer que la justicia militar cese los procesos contra civiles detenidos durante recientes protestas contra el presidente Nicolás Maduro, para que pasen a tribunales ordinarios.
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Acogiendo un pedido de Maduro en tal sentido, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció anoche que se dará inmediata ejecución a la solicitud "en aras de la paz".
"Hemos recibido una comunicación del presidente, solicitando que sean declinados los casos llevados ante la jurisdicción militar, sean declinados ante la jurisdicción ordinaria", dijo Rodríguez durante una sesión del órgano que redacta una nueva Carta Magna.
La asambleísta dijo que la Comisión de la Verdad -parte de la Constituyente que legisla con poderes absolutos- será la encargada de ejecutar la petición de Maduro.
Según la excanciller, la justicia militar tuvo que "suplir de forma heterodoxa" a la Fiscalía por la "inacción e inactividad" de este organismo, frente a la violencia en las manifestaciones opositoras iniciadas el 1 de abril, con saldo de unos 125 muertos.
Rodríguez agradeció a los tribunales militares por "el cuidado del debido proceso y el respeto a los derechos humanos" en los casos que tuvieron a su cargo.
Numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos, no obstante, han denunciado esos procesos.
Según la ONG Foro Penal, unos 400 civiles están privados de libertad por órdenes de cortes marciales, de un total de 655 que fueran presentados desde que comenzaron las protestas.
"Si los civiles van a los tribunales que les corresponde no debe ser porque lo decida una Constituyente ilícita, sino porque eso es lo que pauta la Constitución. Se les han violado sus derechos humanos", declaró Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
Rodríguez hizo el anuncio luego de que Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), junto al resto de los magistrados del alto tribunal, sometieron a la consideración del órgano plenipotenciario sus cargos que fueron posteriormente ratificados por los más de 500 asambleístas chavistas.
Moreno, durante su intervención en el plenario, pidió "revolucionar" el aparato judicial en Venezuela y revisar la pena máxima a los delitos de secuestro, robo, homicidio, traición a la Patria y terrorismo de 30 a 50 años de condena.
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