"Maduro está planeando destruir el legado político de Hugo Chávez"

• ENTREVISTA A INTI RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO PRO DERECHOS HUMANOS PROVEA

El director de Investigaciones de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), Inti Rodríguez, aseguró en diálogo con Ámbito Financiero que si se avanza con la reforma de la Constitución venezolana, bajo los parámetros establecidos por el presidente Nicolás Maduro, se "estará ante un gran retroceso histórico en el país".

"La actual Constitución se convirtió en una camisa de fuerza para los violadores de derechos humanos. Si ese texto es modificado y se construye uno a medida de los represores, estaremos ante un gran retroceso", afirmó Rodríguez, referente de Provea, una de las principales ONG sobre derechos humanos de ese país.

"En la Venezuela de hoy, caracterizada por este estado de excepción, de gobernar bajo la vía de la restriccción de las libertades y las garantías constitucionales, se impuso una legalidad a la medida del Gobierno", aseguró el activista quien visitó Buenos Aires para participar de la conferencia "Abusos y amenazas a la democracia en Venezuela. Su impacto en América Latina", en la Universidad de Palermo.

En su opinión, la respuesta estatal a la conflictividad, la cual calificó de represiva, fue una reacción a la "posición cada vez más institucional que asumió el Ministerio Público" ante el actuar de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones opositoras.

Periodista: ¿A qué se refiere con respuesta institucional del Ministerio Público?

Inti Rodríguez: La fiscal general, Luisa Ortega, primero calificó como una ruptura del orden constitucional a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con los que se arrojó las competencias de la Asamblea Nacional (parlamento) y luego emitió una serie de consideraciones que indican que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas y que las autoridades se pusieron al margen de la ley, propiciando los hechos de violencia. Esa actitud condujo a que la respuesta estatal sea el uso cada vez más frecuente de la Justicia militar para procesar a civiles y de las fuerzas de seguridad de bloquear las protestas.

P.: ¿Sorprendió, en ese marco, la convocatoria a una Asamblea Constituyente?

I.R: Muchísmo porque en la Constitución están establecidos los pasos para la convocatoria de un proceso constituyente. Lo primero es que son los venezolanos quienes tienen la posibilidad de decir si quieren o no cambiar la carta magna. Eso en el decreto que emitió Maduro no existe. En el año 1999, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a un referendo para que decidieran si avanzaba o no la constituyente de Hugo Chávez, luego hubo un segundo proceso donde decidieron quiénes eran los que iban a participar de esa Asamblea. Finalmente hubo un último referendo aprobatorio apoyar o no la nueva Constitución. Estos pasos se están obviando ahora.

Pero creo que lo más importante desde el punto de vista político es que esta propuesta de Maduro contradice todo lo que dijo el chavismo estos 18 años. El chavismo reivindicó, desde el propio presidente hasta cualquier persona militante del proyecto bolivariano, el valor de la Constitución de 1999 y la identificaron como el principal legado de Chávez. Esta propuesta desdice mucho de todo ese discurso y, desde Provea, advertimos que Maduro está apuntando a destruir eso que, políticamente, llaman el legado de Chávez.

P.: ¿En qué consiste ese legado?

I.R: Esta Constitución no es sólo el fruto del trabajo de Chávez. Si bien fue él quien motorizó toda la situación, este texto recogió en su seno un conjunto de demandas de movimientos sociales que habían sido ignorados durante muchos años. Allí fueron reconocidos derechos del pueblo indígena, del movimiento sindical, de la familia. La Constitución fue, en lo que respecta a los derechos humanos, muy garantista, muy avanzada no sólo para el proceso venezolano sino como referente en esa materia para toda América Latina.

De avanzarse con el plan de Maduro, el gran temor es que se eliminen los avances en materia de derechos políticos, sociales y de derechos humanos que se habían alcanzado en el texto de 1999 y que se construya, con este procedimiento sesgado, una Constitución a la medida de quien está hoy en el poder.