27 de noviembre 2013 - 00:00

Maduro se apodera de una cadena de electrodomésticos

Caracas - El Gobierno venezolano informó ayer que administrará de manera temporal la cadena de electrodomésticos Daka, el primero de numerosos comercios en ser fiscalizado en el marco de la llamada lucha contra la guerra económica, al tiempo que continúa la ofensiva judicial contra empresarios y medios de comunicación de tendencia opositora.

La administración de Nicolás Maduro ordenó la "ocupación y operatividad temporal" de la red de tiendas de Daka en todo el país, con el objetivo "de proteger el salario de los venezolanos" de los "precios especulativos", informó ayer el Ministerio para el Comercio, a través de la Gaceta Oficial.

De acuerdo con la resolución, que entró en vigencia desde el pasado lunes y regirá para las dos tiendas en Caracas y tres en el interior del país, se "ordena al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) dictar medida privativa de ocupación y operatividad temporal a la red de tiendas Daka en todo el país".

El coronel Hermes Josué Carreño, director del Servicio Desconcentrado de Bienes de las Fuerzas Armadas, fue designado para "nombrar la junta de administración que llevará adelante la medida de ocupación y operatividad temporal", añadió.

El pasado 8 de noviembre, el presidente ordenó la intervención de Daka, acusada de elevar hasta en 1.000% los precios y obligada a reducirlos en un 50%.

Otros comercios de electrodomésticos, textil, zapatos y repuestos de autos vienen siendo inspeccionados por las autoridades que implementarán otras medidas, como limitar entre un 15% y un 30% las ganancias de las compañías importadoras, a partir de los superpoderes que la Asamblea Nacional otorgó a Maduro para que Gobierno por decreto durante un año y luche contra la especulación de la burguesía, a la que responsabiliza por la inflación del 54% anual y por la alta cotización del dólar en el mercado negro (nueve veces el cambio oficial de 6,30 bolívares).

La ofensiva chavista también se mantiene en la vía judicial. Ayer, la fiscal general Luisa Ortega Díaz actualizó a 36 la cifra de personas detenidas por delitos de especulación y usura durante las inspecciones a comercios.

"Fueron presentadas a los tribunales y se les ratificó la privativa de libertad", explicó e indicó que además de los arrestos fueron emitidas 10 órdenes de detención.

En tanto, el Ministerio Público venezolano citó ayer a declarar al presidente y a los vicepresidentes del Diario 2001 de Caracas a los que acusa de "información falsa" por un titular sobre la escasez de combustibles.

Andrés de Armas, director de la empresa editorial Bloque De Armas, deberá presentarse hoy mientras que los dos vicepresidentes, Martín de Armas y Armando de Armas, fueron citados para los próximos 2 y 4 de diciembre, respectivamente.

Las citaciones, informó la Fiscalía a través de un comunicado, "forman parte de la investigación iniciada el pasado 9 de octubre, ante la denuncia interpuesta en el Ministerio Público acerca de un plan desestabilizador" y "un día después fue publicada una información falsa como titular de primera página en el Diario 2001".

El medio señaló en primera página que los "usuarios se quejan por la falta de gasolina de 91 octanos", que las "estaciones de servicio reciben menos de la mitad de combustible de hace tres años" y que "consumidores hacen colas de hasta dos horas para surtirse".

Maduro reaccionó entonces contra los dueños del diario, afirmando que había que meterlos en la cárcel.

Con posterioridad, a principios de noviembre, un equipo de periodistas del mismo diario fueron arrestados durante unas horas en una jornada de venta de alimentos a precios bajos organizada por el Gobierno, debido a que, según la dirección del medio, habían registrado incidentes en las colas.

El mandatario viene lanzando acusaciones contra diarios y propietarios de medios por lo que considera un tratamiento sesgado de la información. El último caso es la acción judicial presentada contra el diario El Universal por mostrar en portada una mano y una mancha de sangre de una víctima de secuestro.

Agencias AFP, ANSA y EFE

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