Magistratura logra giro (pero hay más deudas)

Juan Manuel Abal Medina

El Consejo de la Magistratura logró destrabar ayer, luego de una gestión con el Gobierno, la suspensión de la recolección de residuos en edificios del Poder Judicial. Tal como adelantó este diario el titular del cuerpo colegiado Mario Fera negoció una reasignación de partidas presupuestarias directamente con Juan Manuel Abal Medina para efectivizar los pagos a la empresa recolectora. El tramite implicó roces con la Corte Suprema que la semana pasada se había desmarcado de la problemática cuando ésta se vio traducida en reclamos de jueces federales.

Sin embargo no está resuelta la lista de acreedores del Consejo: la editorial La Ley todavía no cobró una deuda que ronda los 10 millones de pesos por servicios de material de jurisprudencia.

"Luego de que se pusieron en conocimiento durante la semana pasada las dificultades ocasionadas a partir del corte del servicio de limpieza en dos edificios judiciales, desde la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación se realizaron las gestiones pertinentes ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y se obtuvo, el día viernes, el compromiso -por parte de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria dependiente del Poder Ejecutivo Nacional- de asumir la urgente tramitación de la decisión administrativa que, en los próximos días, ampliaría el crédito presupuestario de este Consejo para atender los servicios básicos", expresaba ayer el comunicado emitido por el Consejo.

El compromiso de Abal Medina fue la clave ayer para que la empresa de limpieza restaurara su servicio en las dependencias afectadas.

Fera, actualmente objetado por el kirchnerismo en el Consejo a raíz de la designación de Roberto Cubría como secretario de la Comisión de Administración y Financiera, recurrió directamente a Balcarce 50 en lugar de canalizar el pedido por la Corte. Una jugada que resultó según lo previsto. Por estos días el máximo tribunal también negocia una reasignación de partidas para otorgar aumentos salariales.

Las deudas no terminan en la basura. El Consejo le debe a la editorial La Ley (propiedad de Thompson Reuters) la mitad de la factura por los servicios de 2012 y todavía no abonó el adelantó pautado para 2013. Se trata de un tema sensible ya que esta firma rubricó, en diciembre del año pasado, una acuerdo con Infojus, el portal de jurisprudencia del Ministerio de Justicia, para realizar un traspaso de información en lo referido a fuentes del derecho. A mitad de año el kirchnerismo en el Consejo había decidido prescindir de los servicios de las editoriales de Derecho privadas. Acción enmarcada en una tesis del secretario de Justicia, Julián Álvarez quien entiende que el oficialismo también debe librar una "batalla cultural" en el plano de los textos jurídicos.

El acuerdo entre La Ley, Infojus y el Consejo fue coordinado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Un detalle que explica el buen posicionamiento de la empresa respecto de la suerte de sus competidoras: La Ley es donde se imprime a diario el Boletín Oficial.

Actualmente el Consejo se encuentra paralizado por decisión del oficialismo que ostenta la mayoría en el cuerpo colegiado. La resolución de la problemática de los residuos le suma puntos a Fera en un momento en el cual el órgano que conduce es objeto de diversas críticas desde el propio Poder Judicial por supuestas deficiencias operativas para asumir las responsabilidades que le otorgara la reforma de la Constitución de 1994.