Magistratura negocia suba del 22% para gastos 2015

• ES PARTE DE LA BATALLA POR AUMENTOS EN EL PRESUPUESTO DE RECURSOS JUDICIALES

El Consejo de la Magistratura comenzó a discutir ayer su presupuesto para el año 2015. El debate tiene como trasfondo la puja entre la Corte Suprema y el Gobierno por los fondos del Poder Judicial. El proyecto a tratar estima un incremento del 22% respecto del gasto de 2014 y alcanza los 13.199 millones de pesos. Así lo transmitió ayer el administrador general Germán Krieguer. La aprobación definitiva será la semana que viene en el plenario del organismo.

Si bien la votación del presupuesto del Consejo será un trámite, constituirá un nuevo episodio en las negaciones entre el Gobierno y la Justicia en materia económica. La Corte Suprema y el Consejo le reclaman al oficialismo una deuda de 1200 millones de pesos en concepto de inversión en infraestructura que el Ejecutivo debería haber realizado y que en lugar de eso fueron cubiertos por la Magistratura.

El miércoles por la tarde el administrador de la Corte Héctor Marchi presentó su libro sobre las finanzas del Poder Judicial en Rosario. Tuvo la habitual recepción de jueces, abogados y académicos que escuchan, encantados, cuando el alter ego de Ricardo Lorenzetti se pronuncia sobre la necesidad de una autarquía financiera para las arcas judiciales hoy en día condicionadas a la firma del jefe de Gabinete.

La velada literaria dejó la conclusión de que la colisión entre los dos poderes será inminente y se materializará en los tribunales, algo que también advierte el jefe del gremio de los judiciales Julio Piumatto que hoy despacha en la CGT de Hugo Moyano.

El anteproyecto de presupuesto incluye los cargos para personal de distintos tribunales creados y aún no habilitados, en la Escuela Judicial e incrementos en la planta de fueros y los cargos para terminar con la tercerización del servicio de limpieza en el Poder Judicial, otro reclamo de Piumatto. La adquisición de inmuebles también está prevista en el anteproyecto. Por ejemplo se incluye la compra de edificios para los futuros juzgados federales de Junín y de Santa Fe; y también para el Archivo General del Poder Judicial.

Los escenarios de tensión para el oficialismo en su relación con la Corte son diversos y van más allá de los avatares financieros. En sectores del Gobierno anoche había cierta impaciencia por el dictamen del fiscal Fabian Canda quien tiene que dictaminar sobre la constitucionalidad de los decretos presidenciales que promulgaron las listas de conjueces avalados por el Senado. El planteo, lejos de desestimarse, perdura en una incertidumbre conveniente para determinados intereses que confluyen en las alturas del Poder Judicial.

Al mismo tiempo en la Magistratura tuvieron lugar ayer múltiples concialiábulos a raíz de la nueva trama que involcura al juez Norberto Oyarbide, denunciado por sus superiores de la Cámara Federal. Hasta allí llegaron las reflexiones del juez sobre cuyos dramas el kirchnerismo prefiere no discutir en el plenario con un costo cada vez mayor. El juez contó en su despachó de Comodoro Py que la responsabilidad del fallo de la Cámara es de sus secretarios quienes no agregaron al expediente los incidentes procesales y que por eso el "desobedecio" la voluntad de sus camaristas cuando sobreseyó a personas que para la Cámara debían seguir siendo investigadas. Para tener en cuenta: en el escándalo anterior relacionado con allanamientos policiales Oyarbide despidió a una secretaria y le retiró la firma a otro integrante de su staff.