Mal día también para Miceli

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la elevación a juicio oral y público de la causa en la que la ex ministra de Economía Felisa Miceli está imputada por la bolsa de dinero que fue encontrada en su despacho, en junio de 2007. La ex funcionaria kirchnerista está acusada de los presuntos delitos de encubrimiento y destrucción de documentos públicos.

En un dictamen de 49 carillas que presentó ante la jueza a cargo, María Servini de Cubría, el fiscal solicitó que se «declare clausurada la instrucción del sumario» y disponga la «elevación a juicio de las presentes actuaciones». Marijuán le imputó a Miceli «haber tenido bajo su exclusiva esfera de custodia la suma de cien mil pesos que se encontraba embalada y termosellada, y treinta y un mil seiscientos setenta dólares estadounidenses, en una bolsa de papel madera que se encontraba colgada de una percha en el placard del baño».

Este hecho, según el dictamen, se ve agravado «en razón de tener los fondos hallados un origen espurio, como también de acuerdo con la condición de funcionaria pública que poseía al momento de comisión del delito que se le enrostra».

El fiscal requirió, además, que José Rubén Miceli, hermano de la ex ministra, sea sobreseído, al considerar que «no ha cometido ni participado de la conducta ilícita que se le reprocha» a la ex titular de Economía. Miceli se había escudado en su hermano, al afirmar que el dinero hallado en el baño de su despacho era una suma que le había prestado su hermano para comprar una vivienda y que la había dejado en el baño porque no había tenido tiempo de depositarla en un banco.

Por otro lado, el escrito refuta los argumentos de defensa de la ex ministra y señala que éstos «no encuentran, a criterio de esta parte, sustento en ninguna de las pruebas reunidas en la causa, resultando un intento de mejorar la comprometida situación procesal en que se encontraba».

«Considero acreditada en su aspecto objetivo y subjetivo la materialidad de los ilícitos reprochados, no concurriendo en el caso alguna causa de justificación o exculpación que podrían eventualmente incidir respecto de la responsabilidad que en los hechos le cupo a la encausada», concluye el dictamen de Marijuán.

Según el fiscal, la imputación de los supuestos delitos de encubrimiento y destrucción de documentos públicos se ve agravada porque los billetes del paquete de los $ 100 mil encontrados «llegaron a su poder por afuera de una operación financiera legal, regular y debidamente registrada, que contara, además, con su correspondiente respaldo documental». A esto se suma, de acuerdo con lo que subraya Marijuán, que Miceli «ocupaba la máxima autoridad en materia económica del país, cargo éste que le implicaba una forma ética de comportamiento propia del cargo de funcionaria pública, funciones éstas que con el actuar aquí investigado han quedado muy transgredidas por la imputada».

La causa contra Miceli se inició a raíz de una denuncia que realizó el abogado Miguel Botelo, luego de que el 5 de junio de 2007 trascendiera la información respecto de la bolsa de dinero que había encontrado la División Explosivos de la Policía Federal en el baño del despacho de Miceli, durante un control de rutina. Un mes después, el fiscal Marijuán pidió que fuera citada a declaración indagatoria. Paralelamente, la funcionaria kirchnerista renunció a su cargo.
Servini de Cubría la procesó por presunto encubrimiento y «sustracción de documento público», en relación con el acta labrada sobre el hallazgo del dinero.

Pero el fiscal Marijuán advirtió, además, que el dinero «no fue parte de una operación legalmente registrada», y finalmente la Cámara Federal pidió investigar si además pudo haberse incurrido en enriquecimiento ilícito, imputación que actualmente es investigada en la Justicia.