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Mal para Pedraza: seguirá detenido
Los jueces Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch valoraron la actuación de la magistrada de Instrucción Susana Wilma López, a cargo del expediente, y ratificaron todas las decisiones que tomó hasta ahora. Los camaristas entendieron, como la jueza, que Pedraza fue un instigador central del ataque de una patota del gremio contra los tercerizados, que tuvo como objeto «aleccionar a los tercerizados» para garantizarse la continuidad de su hegemonía «política y económica» al frente del sindicato.
El abogado Carlos Froment, defensor de Pedraza y Fernández, había apelado el procesamiento dictado por la jueza López por entender que estaba basado en «afirmaciones dogmáticas carentes de sustento fáctico» y a partir de «una hipótesis puramente subjetiva». En cambio, los camaristas destacaron la prueba reunida por la magistrada de primera instancia.
También rechazaron la versión sostenida por la defensa en cuanto a que se produjo «una riña» entre la patota de la UF y los tercerizados y dieron cuenta de numerosas comunicaciones telefónicas mantenidas entre el delegado Pablo Díaz, presente en el lugar de los incidentes y también detenido como presunto instigador, y el «Gallego» Fernández, que ese día se encontraba en un seminario junto a Pedraza.
Otro dato destacado por los jueces fue que los ingresos de personal en Ugofe, la concesionaria del servicio del Roca, eran gestionados por igual por el gerente de Recursos Humanos de la compañía, por el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y por el «Gallego» Fernández, lo que a su criterio daba cuenta de la preponderancia del gremio en la empresa.
Consideraron que hubo elementos suficientes para probar «la relación económica» entre el sindicato y la cooperativa Unión del Mercosur, destino de buena parte de los tercerizados y en cuya estructura gerencial revisten tres familiares directos del jefe del gremio: su esposa, Graciela Coria, su cuñada, Silvia Coria, y su sobrino Maximiliano Pedraza.
En tanto, la Cámara les denegó a los tres imputados la excarcelación al argumentar que de recuperar la libertad podrían «entorpecer la investigación». Sobre este punto, mencionaron dos causas paralelas que se abrieron en los últimos meses: una que investiga el supuesto intento de coima de un exdefensor de uno de los imputados a un camarista; y otra, por presunto intento de destrucción de pruebas de un perito nombrado por la defensa del mismo acusado.

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