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Maldita reelección
Alberto A. Natale (*)
El principio histórico de nuestro derecho público fue el de la no reelección presidencial. Lo estableció la Constitución de 1853, en un texto inspirado por Alberdi, que fijaba el mandato en seis años no pudiendo ser reelectos el presidente y el vicepresidente, «sino con un intervalo de un período». Inclusive en escritos posteriores Alberdi se arrepintió y dijo que mejor hubiera escrito «no pueden ser reelegidos en ningún caso en ninguna forma». La norma nacional fue adoptada también por todas las provincias. Fue una regla general.
Como en la gramática, la regla tuvo su excepción. Fue en 1949, cuando Perón aspiraba a ser reelecto y mandó reformar la Constitución para admitir la reelección, pero esto duró hasta 1955, luego se abrogó la reforma y volvimos a los principios tradicionales.
En 1985 el Gobierno estaba con la sangre dulce. Alfonsín era el campeón de la democracia. La descarriada economía hizo creer ingenuamente que se enderezaba con el Plan Austral, que terminó en la estrepitosa hiperinflación que anticipó la entrega del poder. Pero en 1985 el imaginario colectivo, y especialmente radical, hacía creer que tendríamos Alfonsín por muchos años. Así fue como los amigos, beneficiarios del poder, imaginaron la reforma constitucional para obtener la reelección. Para Navidad de ese año, el presidente creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, en marzo de 1986 le encomendó un estudio sobre la reforma constitucional y en octubre tuvo su dictamen sobre la oportunidad y alcances de la reforma. Entre otras cosas, se recomendaba reducir el período presidencial futuro a cuatro años, admitiendo la reelección.
Reformas
Los acontecimientos políticos y económicos frustraron la idea, pero los gobernadores provinciales, muchos de ellos verdaderos señores feudales de sus geografías, ni lerdos ni perezosos, al ver que en la Nación se proponía la reelección -rompiendo una tradición de más de 130 años- impulsaron reformas de las constituciones provinciales incorporándola. Hasta 1985 ninguna provincia argentina la admitía; a partir de 1986 comenzó un proceso de reformas en casi todos los estados locales, del que sólo se salvaron Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. En unos casos, ilimitadamente; en otros por un período. Así vimos ejemplos escandalosos, como el reciente de Catamarca, donde uno se pregunta si se votó a favor del Gobierno nacional o en contra del continuismo provincial.
Para cerrar el círculo, la Nación finalmente hizo de las suyas y Menem, con la ayuda de Alfonsín, impulsaron la reforma constitucional de 1994 aceptando también la reelección. Pero allí no acaba la historia. Los Kirchner inventaron las sucesiones recíprocas, primero él, después ella, y así sucesivamente mientras se pudieran conseguir los votos suficientes, y sabemos -ya lo decía Alberdi- que el ilimitado poder presidencial no reconoce frenos ni contrapesos. Thanatos impidió que el plan se consumara, pero quedó abierta la posibilidad de la reelección de ella para octubre de este año.
Con todas nuestras vicisitudes y contradicciones institucionales, pudimos mantener un principio durante más de un siglo. Restablecida la plenitud democrática en 1983, pronto apareció el afán de perduración ilimitada en el poder. Es propio de la condición humana, por eso hay que impedirla, decía Alberdi, y advertía: «Toda reelección presidencial es un ataque contra el principio republicano», en su estudio «Reelecciones presidenciales». El ejemplo nacional inspiró a las provincias, hasta que también llegó a la Nación. La maldita reelección, fuente de toda clase de trampas y componendas, sobornos y dádivas, vino para quedarse. El gobierno por la corrupción (government by corruption), que Robert Walpole empleó en Inglaterra para fundar el poder del gabinete ante el rey, encontró muchísimos cultivadores vernáculos por estos lugares. La forma republicana de gobierno, declarada por el artículo 1º de la Constitución... bien gracias. Esos son los laureles que supimos conseguir.
(*) Exdiputado nacional (1985-2005), exconvencional nacional constituyente (1994).


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