Se declaró incompetente ante denuncia hecha contra Gobierno. Continuaron rastrillajes en el Río Chubut.
Rodolfo Canicoba Corral
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente para investigar una denuncia impulsada por el fiscal Federico Delgado, quien sostuvo que había que abrir una causa por la supuesta responsabilidad del Gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional por presunto encubrimiento en la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, en Chubut.
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En una resolución, Canicoba Corral consideró que el caso debía ser enviado al juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, que tramita el hábeas corpus para dar con el paradero de Maldonado y en otro expediente caratulado "desaparición forzada", que está delegado en la fiscalía. La semana pasada, Delgado estimó que debe intimarse al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que informe de manera "urgente" las tareas que realizó la Gendarmería en la Ruta 40 cuando desapareció el joven, el 1 de agosto pasado. Y también obtener copias de la causa a cargo de Otranto. Para el fiscal, era determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado. Canicoba consideró que no es de su competencia esa investigación porque el encubrimiento no debe abordarse de manera autónoma, explicó.
"La falta de información, la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona y las pruebas a las que apunta el fiscal, no pueden ser entendidas como una figura autónoma o alternativa del de "desaparición forzada", sino que forman parte estructural de ese tipo penal; esa es razón suficiente de carácter material", sostuvo Canicoba Corral. "Pero aún si se entendiera que el encubrimiento debe abordarse como figura autónoma, la alternatividad con el hecho principal, la comunidad de prueba, una más pronta y eficaz administración de justicia, impondrían que fuera la Justicia federal de Esquel la que debería abocarse a su investigación", añadió el juez.
"Una interpretación diferente llevaría a entender que la Justicia federal de Capital en general, y este magistrado en particular, debería subrogarse en la investigación que se está llevando adelante en Esquel, provincia de Chubut. Por todo lo expuesto, es que habré de declararme incompetente para conocer en la presente causa", finalizó.
El pedido del fiscal Delgado había sido realizado ante una denuncia que hicieron organizaciones, una de ellas la Liga de los Derechos del Hombre, representada por el abogado Eduardo Barcesat. Ese escrito apuntaba a Macri, al ministro de Justicia Gemán Garavano, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y responsables de Gendarmería.
Además incluyó a Peña, al jefe de Gabinete de Seguridad Pablo Noceti y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
Mientras tanto, unos 300 uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Prefectura Naval reiniciaron los rastrillajes en el río Chubut en busca de pistas que permitan agregar elementos a la causa.
En este marco, el Gobierno ratificó la estrategia que viene delineando desde la semana pasada: destacó la importancia de contar con los resultados de los análisis de ADN para poder comprobar si el joven "realmente estuvo donde dicen que estuvo y si fue trasladado en alguna de las camionetas de Gendarmería, tal como afirman algunos testigos".
Este enfoque va de la mano con la entrega de los interrogatorios realizados a 7 gendarmes para que los evalúe Otranto, a 43 días de la desaparición del joven.
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