El Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo la medianoche del miércoles 18 votos a favor y 7 en contra, siendo apoyado por el oficialismo y parte de la oposición de centro encabezada por Jorge Larrañaga (Partido Nacional).
La medida es una iniciativa del presidente Tabaré Vázquez, que había sido anunciada durante su campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2014, que ayudará a cumplir la meta del Gobierno de incrementar el presupuesto educativo desde un 4,5% del Producto Bruto Interno actual (PBI) a un 6% en 2019. Durante la campaña, el plan fue duramente cuestionado por las organizaciones que agrupan a los productores agropecuarios por considerar que afectaría innecesariamente a los ingresos del sector clave de la economía uruguaya.
Tras ser promulgada por el Poder Ejecutivo, los propietarios que dispongan tierras de alto nivel productivo por más de 300 hectáreas deberán pagar el impuesto, del que estaban exentos hasta el momento.
Las organizaciones gremiales del campo se mostraron contrarias a la medida, que gravará a unos 14.000 establecimientos de los casi 50.000 existentes, dejando por fuera a los campos forestados. El impuesto alcanzará así al 19% de los contribuyentes del sector agropecuario y significará un gravamen de más de 1,5 millón de dólares por hectárea.
De acuerdo con previsiones oficiales, la extensión del impuesto implicaría ingresos adicionales por unos 18 millones de dólares, un incremento del 30% desde los 64 millones percibidos en todo 2014 a nivel urbano y suburbano.
La oposición de derecha y parte de la oposición de centro que no apoyó la medida argumentaron que los aportes no serán destinados a la educación, sino a las arcas generales del Estado.
"Estamos en contra y decimos que los recursos para educación tienen que salir de los presupuestos que se están elaborando en estos momentos", dijo el senador del Partido Colorado José Amorín.
El legislador indicó que la recaudación que el Gobierno estima reunir con este impuesto es a su juicio muy pequeña para el volumen de inversión que requiere la educación, que cifró en estos momentos en 2.000 millones de dólares.
| Agencias Reuters y EFE |
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