Malestar sindical por decreto contra sueldos

Julio Piumato

La tensión entre el Gobierno y los sindicatos se reavivó ayer con la difusión de un decreto presidencial que ordenó revisar los salarios de unos 300 mil trabajadores estatales. La normativa provocó la reacción de la CGT, que atraviesa el peor momento en su relación con el Ejecutivo, y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un gremio que está alineado con la CTA disidente y que suele contradecir al Ejecutivo.

El decreto de la discordia, de necesidad y urgencia (DNU), fue firmado por Cristina de Kirchner y fue publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre último. Establece en uno de sus artículos que quedarán sujetos a revisión los pagos adicionales, bonificaciones o plus que perciben los agentes de la administración pública central.

Según la normativa, los ingresos que contengan estos adicionales en dependencias de la administración pública, empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social deberán adecuarse a los requisitos fijados por el Gobierno «para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance».

La primera reacción provino de la CGT. El secretario de Derechos Humanos de la central obrera, Julio Piumato, habitual vocero de Hugo Moyano, publicó en su cuenta de Twitter: «Otra vez la demonización de los sueldos. Esta película ya la vimos y sabemos cómo termina! ¿Adónde vamos?», se preguntó el jefe del sindicato de empleados judiciales.

El dirigente agregó, con tono de sospecha: «¿Hacía falta a un día de la operación de la presi sacar un DNU que arremete salarios de trabajadores estatales?» y dejó abierto el interrogante de que alguien quiere «instalar la confusión».

Mientras que ATE, que conduce Pablo Micheli -a su vez jefe de la CTA disidente-, rechazó el DNU 324/2011 por entender que los salarios de los agentes públicos «no cumplen» con el artículo constitucional que obliga al Estado a garantizar «salarios dignos» que aseguren «alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión».

La conducción del gremio alegó que en el sector público los sueldos «son significativamente inferiores a lo necesario» y denunció que «desde hace seis años la negociación colectiva está herida de muerte por la instalación de topes salariales anunciados desde la Casa Rosada, que no son acordados con los trabajadores».

El sindicato se refirió así a los acuerdos entre el Ejecutivo y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en el Estado, que está alineado con el Gobierno y que ayer no se pronunció respecto del decreto.