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Manía: los yates de los Schoklender ya son dos
La Prefectura Naval aportó ayer documentación acerca de un barco de 14 metros de eslora amarrado en el puerto de San Fernando. Dio también indicios de otro, de 21 metros de eslora, que estuvo a nombre de alguna de las empresas relacionadas con Schoklender y cuya propiedad en la actualidad se encontraba diluida en un fárrago de posibles testaferros.
La información fue suministrada por la fuerza al fiscal especial antilavado Raúl Pleé, que colabora con el juez federal Norberto Oyarbide y con el fiscal Jorge Di Lello en la investigación por presunta defraudación a la administración pública por parte de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender junto con otras personas que trabajaban para Madres de Plaza de Mayo y las compañías del mismo entorno.
El yate, de nombre Areté, ubicado en San Fernando y que fue escriturado por la firma Meldorek por un valor de u$s 420 mil (por debajo del precio de mercado, según creen en Tribunales), fue embargado por Oyarbide. Fue construido por el astillero Klase A. Los datos del segundo, llamado Sirius, de mayor porte y valor (se cree que por encima del millón de dólares), serán aportados esta semana por la Prefectura.
Una de las sospechas del juez y de los fiscales es que Schoklender y sus colaboradores pudieron haber desviado fondos públicos destinados a construcciones de la Misión Sueños Compartidos, de las Madres, en la compra de esas embarcaciones. Y que pudieron ser el motor del negocio de comercialización de los yates. La forma de facturación de esas operaciones será uno de los ejes de una pesquisa por posible lavado de activos.
El expediente, con un tránsito de una semana en Tribunales, mantuvo ayer su ritmo vertiginoso. El mayor de los Schoklender se presentó ayer una vez más en el juzgado de Oyarbide para negar que fuese propietario de las dos armas largas (una escopeta del 16 y una carabina calibre 12) y del cañón de una pistola 9 milímetros hallados en una caja fuerte de la sede de Meldorek, en Álvarez Thomas al 200, durante el segundo tramo del allanamiento realizado este lunes por el magistrado. Como publicó ayer este diario, el imputado dijo que las armas eran del dueño anterior del inmueble.
En tanto, la Coalición Cívica también concurrió a Tribunales para ampliar la denuncia que habían presentado las diputadas Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin. Fueron acompañadas por el también diputado Fernando Sánchez. Los legisladores dieron detalles sobre el crecimiento patrimonial de Schoklender y apuntaron al Gobierno: «Resulta difícil creer que una sola persona pueda realizar todas las maniobras sin contar con el apoyo de grupos pertenecientes a las más altas esferas del poder de nuestro país», advirtieron.
En paralelo con el expediente de Oyarbide, su colega Marcelo Martínez de Giorgi recibió ayer al abogado Jorge Vitale, a quien había citado para pedirle ampliar su denuncia original en contra del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, del ministro de Planificación, Julio De Vido, y de Bonafini. El letrado desplegó apenas ocho carillas con un compilado de notas periodísticas sobre el escándalo, y fotos obtenidas de la página de internet de las Madres.
En un expediente paralelo, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió abrir una investigación en torno a las contrataciones de provincias y municipios con Madres para la realización de obras. El fiscal hizo el requerimiento al juez Martínez de Giorgi, ante una denuncia que presentó la semana pasada el abogado Jorge Vitale.
El fiscal eligió poner la lupa sobre la modalidad de las contrataciones y los funcionarios encargados de sellarlas, antes que plantear una investigación contra los ministros y la presidenta de Madres. Sin embargo, ese expediente, en el que Planificación hizo una presentación espontánea el jueves pasado, tiene escasas chances de prosperar en función de las características de la demanda original: ocho carillas con recortes de artículos periodísticos y fotos de edificaciones obtenidas de la página de internet de Madres de Plaza de Mayo.
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